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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es una pieza clave en el desarrollo económico y social del país, por ello, el Senado de la República tiene una gran responsabilidad en la elección del nuevo titular de este órgano autónomo, afirmó el senador Ricardo Monreal Ávila. 

El legislador de Morena sostuvo una reunión de trabajo con los comisionados del IFT. Ahí, destacó el papel que el Instituto ha desempeñado en el marco de la emergencia sanitaria. 

“Nos han demostrado que el mejor camino para transitar hacia la nueva normalidad es a través de las telecomunicaciones. Si durante la pandemia hemos podido hacer vida, en un estado de relativa normalidad, es gracias a los avances del sector en los últimos años, mismos que, desde luego, han sido impulsados desde el INAI, en pleno ejercicio de su autonomía”, expresó. 

Aunque reconoció que aún falta mucho por hacer en materia de acceso equitativo a las tecnologías de la información y la comunicación, resaltó los esfuerzos que el IFT realiza para impulsar mecanismos que hoy generan competencia y condiciones de certidumbre para la inversión en el sector. 

Estos esfuerzos por parte del regulador, subrayó, son valorados por la mayoría parlamentaria en el Senado de la República, sobre todo, dentro de la actual coyuntura en la que la necesidad de conectividad es más apremiante que nunca. 

Por ello, consideró que hoy la encomienda de la Cámara de Senadores no es menor, pues elegir a la persona que presidirá el Instituto Federal de Telecomunicaciones conlleva una gran responsabilidad. 

Espero que pronto los coordinadores y la Junta de Coordinación Política logremos ponernos de acuerdo para elegir a quien será el presidente de este órgano constitucional autónomo, comentó. 

Ricardo Monreal señaló que el IFT juega un papel importantísimo para conectar a todos los mexicanos, que la brecha digital cada día sea menor y para que todos los mexicanos puedan acceder a más derechos a través de los servicios digitales. 

El legislador también consideró que se debe reforzar la vigilancia para que los servicios de telecomunicaciones sean prestados en condiciones de calidad y que no exista ningún tipo de discriminación que anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas, que o atente contra la dignidad humana