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El presidente de la Comisión de Infraestructura, diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata, anunció que en el próximo periodo de sesiones se presentarán reformas al marco jurídico que rige la contratación de obra pública.

Durante la conferencia plenaria: “Agenda para promover la integridad en las contrataciones públicas” del taller de discusión “La competencia económica en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024”, resaltó que el gran problema de México en la contratación de obra pública y en muchos sectores, es que no se respeta la ley y no hay consecuencias, derivando en corrupción e impunidad.

“De nada sirve tener el mejor marco jurídico si no se cumple. No tenemos una mala ley. La realidad es que no es la mejor y probablemente no garantiza la mayor transparencia, pero deberíamos tener mejores resultados si se aplicara, sólo así se van a cerrar espacios a la corrupción”, aseveró.

Para asegurar que haya transparencia deben publicarse los fallos de las licitaciones y conocer todo el proceso, para cerrar espacios a la corrupción en la contratación de obra pública, flagelo que ya se calificó como delito grave y viene a ayudar, pero si no se cumple de nada sirve.

Explicó que en once foros realizados en diferentes zonas del país, los diversos sectores presentaron más de dos mil propuestas que se evalúan, porque hay una falta de planeación al existir restricciones en la licitación, pues si no participan les quitan el dinero asignado y no les da tiempo de hacer el proyecto y luego licitar. Tenemos que revisar ese tipo de situaciones, apuntó. 

La contratación de la obra pública se realiza a través de tres modelos: asignación directa, invitación restringida y licitación pública, considerada la mejor opción esta última. Cada una tiene su razón de ser y obedecen a atender emergencias o situaciones muy serias que no pueden publicitarse. La mayoría de los proyectos se han realizado en los dos primeros esquemas, a veces, sin justificación plena.

“Lo que pasado es que han habido abusos de funcionarios que al licitar toman atribuciones que no les corresponden y se pasan de la raya, en la realidad no hay ninguna consecuencia”.

Se debe exigir que se cumpla el Estado de derecho, como ejemplo señaló la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que lo hará el Ejército. “No dudo de su honorabilidad, pero al hacerlo, estamos en contra del artículo 27 porque ya no están licitando con la Ley de Obras Públicas, y no nos garantizan que haya la competencia ni el mejor precio de contratación”.

Por su parte, Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), mencionó que para incentivar el crecimiento económico de una forma incluyente, es fundamental que se trabaje en la Ley General de Contrataciones Públicas.

Añadió que este marco normativo debe abarcar a todas las entidades e incluir un capítulo específico de obra pública y otro más sobre adquisiciones de bienes y servicios.

Enfatizó que sólo a través de la perspectiva de la competencia se logrará desarrollar la industria nacional y erradicar la corrupción que existe en las licitaciones de bienes y servicios.

El comisionado de la (Cofece), Ignacio Navarro Zermeño, señaló que en las contrataciones públicas la colusión entre empresas puede ocurrir, desde una investigación de mercado, por lo que es fundamental que se diseñen mecanismos que promuevan la concurrencia y la competencia.

Apuntó que para evitar que exista opacidad en las licitaciones de adquisiciones y obra pública, se tendrá que garantizar que los contratos sean competidos desde un inicio y se terminen con los obstáculos de competencias.

Roberto Moreno Herrera, titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, coincidió en que es necesaria una Ley General de Contrataciones Públicas con capítulos específicos para los distintos sectores, ya que en la actualidad hay 32 marcos normativos y en algunos no se contempla la realización de estudios de mercado.

Expresó que el PND 2019-2024 deberá vincular la cuenta pública con el sistema de evaluación del desempeño, pues hoy no se puede hablar que de las contrataciones sin esta conjunción. Propuso la conformación de una plataforma electrónica única, donde se posea un padrón nacional de proveedores; y además y se consoliden las compras transparentes.

Agustín Caso, auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, refirió que se evalúa la forma en cómo se asignan los recursos en el ciclo de planeación, programación y presupuestación en la contratación de la obra pública. Se analiza el beneficio-costo para conocer si las empresas productivas del Estado crean valor económico o no.

Cuando no lo logran se debe a deficiencias en la contratación de insumos productivos, que destruyen el patrimonio por mala preparación de las inversiones y gobernanza en esas empresas y no respetan las leyes en la materia. Como la Estafa Maestra, que es la “forma perversa en que muchas veces las entidades del Estado contratan bienes y servicios. Es un tema que no se puede dejar de mencionar”.

Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, pidió a los diputados que se garantice la transparencia en los contratos realizados por el gobierno y con ello asegurar la competencia; asimismo quitar los requisitos innecesarios y se realice una migración hacia un sistema de contratación digital.

Indicó que otro aspecto a atender, es que los proyectos de infraestructura sólo se contraten cuando se tenga un proyecto ejecutivo, de lo contrario, no se puede cotizar una obra con certeza ni cuánto tiempo llevará construirla.

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