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El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, destacó que como establece el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, se trabajará para mejorar los ingresos del Estado, retomando el camino del crecimiento con austeridad y sin

corrupción, con disciplina fiscal, combate a la evasión de impuestos, cese del endeudamiento y fortalecimiento del mercado interno.

Resaltó el enfoque social del plan, con el objetivo principal de lograr el bienestar general de la población, a través de reactivar la economía.

        En el ejercicio de parlamento abierto, a un año del triunfo electoral, indicó que la Cámara de Diputados discutió y aprobó, por primera vez el PND, lo que significa un importante avance en el ejercicio de planeación democrática.

        Enfatizó que cumple con los principios fundamentales establecidos por la Constitución Política. “El Plan resulta innovador al señalar directrices claras bajo las cuales se deberá conducir el gobierno en la elaboración de sus políticas públicas, como honradez y honestidad, austeridad, fortalecimiento del Estado de derecho y crecimiento económico incluyente”, apuntó.

        Para ello, consideró necesaria la revisión de exenciones, créditos fiscales y deducciones vigentes, toda vez que esto ocasionó, como refiere el plan, que la mayor parte de la recaudación estuviera en los hombros de las clases medias, pequeñas y medianas empresas y el pueblo en general.

        Ramírez Cuéllar enfatizó que se requiere analizar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los gastos fiscales, el impuesto predial y el comercio electrónico, al estimarse que para cubrir el gasto público en 2020, se necesitará un presupuesto de alrededor de 6.2 billones de pesos.

Para alcanzar el crecimiento económico promedio de 4 por ciento previsto en el PND, consideró imprescindible implantar políticas contracíclicas que permitan elevar los niveles de inversión a 30 por ciento en proporción del Producto Interno Bruto (PIB), privilegiando el aumento de la inversión pública, dirigida a la construcción de infraestructura, para aumentar la capacidad del Estado a largo plazo en salud, comunicaciones y transportes, educación, energía y seguridad pública.

Se pronunció a favor de dar continuidad a las políticas que promuevan la competencia en los mercados, porque es una de las mejores estrategias para reducir la desigualdad entre la sociedad.

“Los mexicanos hemos tenido que pagar hasta un 98 por ciento más de lo que deberíamos; son los ciudadanos de menores ingresos, quienes llegan a pagar hasta 4.4 veces más que las personas con más recursos, como proporción de sus ingresos, por lo que la falta de competencia es equiparable a un impuesto regresivo para la población”, puntualizó.

Resaltó el trabajo de los organismos sociales, asociaciones civiles, especialistas, centros de investigación, grupos empresariales, instituciones educativas y al grupo de consulta de la comisión, por su contribución al análisis del Plan Nacional de Desarrollo.

Expresó su compromiso de impulsar y dar seguimiento para que sus observaciones y propuestas sean consideradas en el diseño de las políticas públicas y programas de gobierno y sectoriales. Llamó a continuar con las reuniones y consolidar el parlamento abierto frente al diseño de las estrategias y a la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2020.

Respecto a la declaración de los líderes del G20, realizada en Osaka, Japón, Ramírez Cuéllar refirió la importancia de invertir en infraestructura de calidad para obtener crecimiento económico, prosperidad y desarrollo sostenible. Recomendó que dicha inversión se realice preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas e integrando consideraciones ambientales y sociales.

Resaltó la lucha contra la corrupción, como requisito indispensable para garantizar la calidad y confiabilidad de la infraestructura.

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