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Por Lourdes Aguilar

La diputada federal Norma Azucena Rodríguez Zamora exigió al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, cumplir con el gobierno transparente, austero, justo y anticorrupción que prometió al asumir el cargo, pues varias de sus acciones parecen ir en sentido contrario.

De la misma manera, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación revisar de forma urgente la forma como el mandatario veracruzano ejerce los recursos públicos federales, pues por lo menos hay indicios de derroche.

La legisladora, denunció que la sociedad veracruzana y amplios sectores del país están escandalizados por las onerosas compras de la actual administración de la entidad, como lo muestra el caso de la adquisición de patrullas policiales a un costo de un millón 300 mil pesos cada una.

Relató que el 2 de mayo del presente año, la administración de García Jiménez informó de un gasto por más de 200 millones de pesos para la compra de 160 patrullas policiacas destinadas a tareas de seguridad pública en territorio estatal.

Según esta información, cada patrulla habría costado un millón 300 mil pesos. Al ser cuestionado por lo gravoso de esta compra para las finanzas públicas estatales, el gobernador cambió constantemente su versión al respecto e incurrió en contradicciones, más aún con lo que prometió en su campaña electoral para llegar al cargo.

Dijo que el monto total de la operación fue de 183 millones 940 mil pesos, de los cuales 30 millones 940 mil pesos fueron destinados a la compra de 50 patrullas. Los 144 millones de pesos restantes serían divididos para la supuesta renta de 110 patrullas.

Azucena Rodríguez acusó al mandatario estatal de no informar qué empresas fueron presuntamente contratadas, el procedimiento legal que se siguió, el costo de cada unidad supuestamente comprada y/o rentada, y mucho menos hizo públicos los datos y los respectivos contratos. 

Dijo que García Jiménez optó por la política de la opacidad en el gasto y el 30 de mayo anunció que, “por decisión del gobierno” y alegando supuestos motivos de seguridad para el estado si la información se revelaba, ésta se reservaría por cinco años.

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