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Diputados integrantes del Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral se reunieron con magistrados de los tribunales electorales locales, quienes defendieron la existencia de estos centros de justicia y se pronunciaron por consolidar un mejor sistema democrático en beneficio de la ciudadanía.

El coordinador del Grupo de Trabajo, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) consideró que sería un obstáculo si desaparecen los tribunales locales, pues la mayor instancia sería la Sala Regional y la Segunda Sala Superior “saturándola”.

Agregó que en materia de justicia electoral debe haber dos instancias, como en la mayoría de todas las estructuras judiciales. Además, expuso que muchos preguntan si se eliminan los OPLE qué harán los tribunales, pero “ellos realizarían exactamente lo mismo; resolverían las controversias derivadas de la aplicación de la ley local.

Del PAN, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván señaló que es del interés de los legisladores conocer los puntos de vista de magistrados para enriquecer el documento en materia electoral. Se manifestó a favor de que los tribunales locales permanezcan; no obstante, se requiere conocer el costo de los procedimientos de justicia en los ejercicios presupuestales, si las asignaciones deben ser de manera directa y cómo crear contrapesos.

El diputado del PT, Silvano Garay Ulloa, precisó que no existe ninguna iniciativa para que desaparezcan los tribunales locales. Añadió que en la actualidad “hay una mescolanza entre el federalismo y el centralismo; se debe analizar el cómo mejorar la justicia, los plazos y términos, pues tenemos 40 años de experiencia en materia electoral”.

Alejandro Viedma Velázquez, diputado de Morena, expuso que no hay ninguna definición, ni línea, ni consenso en este tema. “Yo sí estoy valorando el presentar una propuesta para la desaparición de los tribunales locales”. Estos foros, afirmó, permiten tener un mejor intercambio de posturas en temas de austeridad y presupuestos en año no electoral.

La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (PRI) puntualizó que los magistrados no vienen a defender su trabajo sino a una institución e instancia que protege no sólo a los candidatos sino lo que la gente eligió en las urnas para que la democracia se lleve a cabo, y lograr con las decisiones de los tribunales, estabilidad en los estados y en el país. “Mi postura es que se mantengan los tribunales locales; este foro enriquecerá las 120 iniciativas que hay en este tema”.

Por MC, la diputada Ruth Salinas Reyes mencionó que este ejercicio de parlamento abierto da una pauta para conocer las opiniones de las y los magistrados; sin embargo, es de criticar que el Ejecutivo federal haya dicho que no habrá reforma electoral sino hasta 2021, cuando es necesaria y los escenarios cambiarán para ese año.

Claudia Pastor Badilla, diputada del PRI, se manifestó por la consolidación de las instituciones democráticas; trabajar por la autonomía presupuestaria, con recurso etiquetado, directo, oportuno, cierto y proporcional a las dificultades de cada una de las entidades. Externó su inquietud sobre las alternativas de justicia, la frivolidad en la impugnación y la excesiva judicialización de los medios.

El diputado del PAN, Marcos Aguilar Vega resaltó que este encuentro enriquece el trabajo legislativo con independencia de las declaraciones que pueda dar otro poder en relación con la Reforma político-electoral. “Es un tema importante para el Poder Legislativo y es una responsabilidad que nosotros asumimos. Esperamos que con lo que aquí se plantea se tenga un resultado que satisfaga las pretensiones de las y los mexicanos”.

Magistrados

La vicepresidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, magistrada Nora Leticia Cerón González, dijo estar a favor de la austeridad y hacer menos costosos los procesos, pero “no a costa de poner en riesgo la certeza de los comicios electorales, en particular, cuando el diseño que existe ha sido resultado del consenso de actores políticos de varias décadas en la vida democrática de México”.

Es importante que los involucrados opinen y sean escuchados sobre los procedimientos de Reforma Electoral y del Estado. “Este ejercicio de parlamento abierto hoy recibe nuevas ideas para tener un mejor sistema democrático en beneficio de la ciudadanía y de México con el consenso de todos los involucrados”.

El magistrado del Tribunal Electoral de Chihuahua, José Ramírez Salcedo, consideró importante conocer todas las voces para establecer los perfiles que tendrá el federalismo mexicano y el esquema electoral del país, el cual siempre avanza creciendo en libertades y con democracia.   

Por Sinaloa, la magistrada Carolina Chávez Rangel expresó que en estos foros sólo se ha discutido cuánto cuesta una elección, pero no se valora porqué cada entidad requiere presupuesto específico. En la medida que exista un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, dijo, se podrán tener rangos y categorías de las autoridades electorales locales, y así garantizar la tutela de derechos ciudadanos y mayor difusión de la cultura de la legalidad.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del estado de México, Crescencio Valencia Juárez, precisó que la desaparición o eliminación de las instituciones electorales locales pondría en entredicho el pacto federal, porque que se plantearía que a dos órganos se les podría dar el carácter nacional, y serían los encargados de organizar las elecciones y resolver las controversias, lo que significa un retroceso a la autonomía e independencia de los estados.

“Los tribunales locales son indispensables y necesarios para la vida democrática de la nación, ya que somos el primer contacto que los ciudadanos tienen para la defensa de sus derechos políticos y electorales; resguardan la vida política-electoral de las sociedades de las entidades”.

Por Coahuila, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Sergio Díaz Rendón, resaltó que contar con tribunales electorales en cada entidad es más accesible y menos oneroso, pues al encontrarse dentro de su localidad no tienen que desplazarse, “de otra forma acceder al sistema de justicia resultaría complejo e incentivaría la ejecución de malas prácticas electorales y las violaciones a la ley quedarán impunes”.

Martha Alejandra Chávez Camarena, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pugnó por fortalecer este sistema de justicia.  Añadió que en caso de que se eliminen los OPLE, los tribunales también deberían hacerlo, dado que analizan posibles actos y omisiones de los institutos electorales locales, y también resuelven temas de partidos, consejos de los pueblos y mecanismos de participación ciudadana. Hizo votos para que los tribunales tengan autonomía financiera a nivel local y redistribuir competencias en el ámbito federal.

La magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, del Tribunal Electoral del estado de Puebla, afirmó que los OPLE conocen la geografía y las condiciones políticas y sociales que imperan en cada uno de sus estados. “Somos los más cercanos a la gente; entonces, evidentemente, la no desaparición deviene en lo más sano para la ciudadanía y los procesos electorales”.

En tanto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Colima, Ana Carmen González Pimentel, indicó que la materia electoral es, sin lugar a dudas, el área del derecho con mayor penetración e impacto social, pues el veredicto de un tribunal no permea tan solo en una persona, una familia o una empresa, sino en un cúmulo de ciudadanos circunscritos en un determinado territorio que se representa.

Del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, consideró que el presupuesto que se da a los tribunales no debe verse como gasto, sino como inversión partiendo de que su finalidad es equilibrar el régimen democrático. “Ésta es una inversión que tiene que fortalecer el régimen y que crea confianza en los ciudadanos, si no creamos este vínculo de confianza el sistema democrático también se va a desplomar”.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Hidalgo, María Luisa Oviedo Quezada, resaltó que en cada entidad las reacciones de la gente son distintas en los procesos electorales, “si no existieran los tribunales electorales estaríamos en un retroceso”. Afirmó que se debe trabajar en fortalecer los tribunales electorales locales porque son la base, la primera instancia que resuelve en mayor medida las controversias locales y fortalece al sistema federal.  

Por su parte, el magistrado Fernando Javier Bolio Vales, del Tribunal Electoral de Yucatán, destacó la importancia de abarcar los temas del equilibrio federal, el acceso a las mujeres a un cargo público y la distribución de competencias de la función electoral jurisdiccional.

El magistrado Rigoberto Garza de Lira, del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, estimó que es necesario redefinir las competencias de los tribunales para que se respete la definitividad de las resoluciones. Consideró que la justicia debe estar cercana del pueblo y no sólo con independencia económica, sino también en sus decisiones.

La magistrada Elizabeth Bautista Velasco, de Oaxaca, sostuvo que los tribunales electorales locales tienen un papel muy importante en la consolidación del Estado democrático y son garantes de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía; sus sentencias en primera instancia proporcionan certeza al ser la vía idónea para dirimir de forma legal y pacífica los conflictos que se suscitan por la renovación de cargos de elección popular.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Michoacán, Omero Valdovinos Mercado, subrayó que el federalismo garantiza tres principios fundamentales: soberanía, división de poderes y libertad de pensamiento. Las autoridades jurisdiccionales y administrativas en materia electoral son garantes de las constituciones locales. Consideró que centralizar el modelo democrático en un solo órgano o nivel de gobierno significaría controlar y limitar la pluralidad, libertad, imparcialidad, confianza ciudadana, alternancia y el sistema de frenos y contrapesos que garantiza equilibrio en el poder público.

Del Tribunal Electoral de Michoacán, Yolanda Camacho Ochoa, indicó que centralizar las funciones electorales iría en contra del federalismo, ya que podría afectar la autonomía de las entidades. Estimó que se debe fortalecer a las instituciones locales a partir de las debilidades detectadas. Planteó fijar un porcentaje mínimo del presupuesto general del Estado que garantice el debido funcionamiento de las instituciones y que los candidatos a magistrados sean sujetos a evaluación.

El magistrado Francisco Hurtado Delgado, del Tribunal Electoral de Morelos, propuso asignar a los tribunales electorales en cada ejercicio fiscal una partida equivalente a un determinado presupuesto porcentual en condiciones o en función de su lista nominal de votantes y de cuántos magistrados tenga, del monto total del gasto programable autorizado en el decreto que cada año se aprueba. Además, incluir autonomía financiera, sería esencialmente para consolidar instituciones jurisdiccionales locales. 

Por su parte, el magistrado Miguel Nava Xochitiotzi, del Tribunal Electoral de Tlaxcala, propuso considerar la mediación y la consolidación en materia electoral. En un primer momento, dijo, que sean asuntos de la vida interna partidista, que no afecten a terceros, que sea asumido por voluntad expresa y libre de los participantes y que se trate de una sola instancia sumaria y expedita con reglas claras.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral de Durango, Javier Mier Mier, se pronunció por fortalecer a las entidades federativas. Propuso profesionalizar la función de los magistrados y que se cuide la experiencia, solvencia moral y, sobre todo, la capacidad intelectual a fin de ejercer justicia con el respeto que merecen los mexicanos.

La magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo, del Tribunal Electoral de Nayarit, se pronunció a favor de una reforma, pero para consolidar el Estado constitucional y democrático en el país. Resaltó que la autonomía financiera es un imperativo y planteó que se baje de la Federación el recurso etiquetado para los tribunales, porque los gobiernos locales “nos encontramos con cotos de poder concentrado, con sistema de partidos débiles”.  

La magistrada María Dolores López Loza, del Tribunal Electoral de Guanajuato, propuso identificar los municipios donde existe mayor brecha de género, con el objetivo de garantizar un acceso real y efectivo de las mujeres a cargos de elección popular en el ámbito municipal y disminuir paulatinamente las brechas.

Ricardo Adrián Perdomo, magistrado del Tribunal Electoral de Puebla, sostuvo que un tribunal debe ser verdaderamente autónomo e independiente. Llamó a fortalecer a las autoridades jurisdiccionales electorales locales y federales en el ámbito de su competencia, a fin de homogeneizar las reglas de financiamiento. Sugirió establecer que se asigne un porcentaje fijo del presupuesto de cada entidad en relación con los principios de proporcionalidad, idoneidad, eficacia, igualdad y transparencia.

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