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El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC) promueve reformas al artículo 170 de la Ley General de Educación, para establecer que se sancionará a los prestadores de servicios educativos que exijan cualquier pago que condicione la educación de los alumnos en escuelas públicas.

En la iniciativa, turnada a la Comisión de Educación para dictamen, señala que lamentablemente todos los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales no son suficientes para garantizar una educación de calidad, veraz y gratuita.

Existe la avaricia y malintencionada actitud de los docentes que piden pagos o dádivas condicionando la educación a los alumnos y si no se cumple con estos pagos, limitan las clases e incluso las calificaciones, precisa.

Por ello, plantea que el objetivo “es sancionar e infraccionar a los docentes y personal administrativo que condicione la educación de los alumnos en escuelas públicas”.

Destaca que la educación es un derecho humano reconocido y se entiende como un derecho a la primaria gratuita y obligatoria para todo ciudadano, secundaria accesible para todos e ingreso equitativo a la educación superior.

Adicionalmente, existe la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo, fijar estándares mínimos y mejorar la calidad.

Mencionó que este derecho está contenido en numerosos tratados internacionales de derechos humanos pero su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por casi todos los países del mundo, en cuyo artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la educación.

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