Compartir

Lamentable e inadmisible lo acontecido en Baja California, donde en sede alterna al Congreso del estado legisladoras y legisladores avalaron reforma de ampliación de mandato de 2 a 5 años la gubernatura de Jaime Bonilla, reprochó Estephany Santiago Fernández dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática.

«Es una grave violación a la Ley y a la Constitución lo que se está haciendo, es una barbarie la necesidad con la que están actuando y cediendo las y los legisladores de Baja California para consumar intereses personales y no intereses de la ciudadanía quienes el pasado 2 de junio emitieron su voto por un período de 2 y no de 5 años. Hoy quienes protestaron guardar y hacer guardar la Constitución del estado, con albazo avalan un grave atropello a la democracia», recalcó.

 La dirigente perredista expresó que con esta determinación unipersonal, que lleva dedicatoria, nombre y apellido no debe engañarse a la ciudadanía, argumentó que esta modificación arbitraria e ilegal no es en beneficio de las y los bajacalifornianos «los intereses y beneficios son personales. Con esto no se garantiza el orden constitucional ni se respeta el Pacto Federal».

Recordó que el PRD se pronunció por respaldar la propuesta de la desaparición de poderes en el estado de Baja California, el Consejo Nacional de este partido avaló interponer juicio político en contra de las y los legisladores por la Ley Bonilla «ante la Fiscalía General de la República junto con Jaime Martínez Veloz se presentó una denuncia contra el Congreso de dicho estado».

«En el PRD no nos vamos a quedar con cruzados de brazos y no permitiremos que se consume este agandalle que a todas luces se pretende sea la antesala de la extensión de mandatos en otras entidades y en otros niveles de gobierno, es una clara señal de autoritarismo. El Poder Ejecutivo y funcionarios federales al mantenerse al margen y respetuosos de esta violación a la Constitución se convierten en cómplices», enfatizó.

Finalmente, Estephany Santiago dijo que las y los perredistas estarán acompañando las demandas ciudadanas que no están de acuerdo con lo avalado por el Congreso de Baja California  «confío en que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declare improcedente, inconstitucional esta reforma».

Redimensionar imagen