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Ante la política de “puertas cerradas” del Gobierno Federal, los integrantes de la Alianza Estratégica Pesquera continuaron su segundo día de movilizaciones en la Ciudad de México para solicitar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una política pública de desarrollo e impulso a la pesca y acuacultura del país ante el embate de la

pesca furtiva e ilegal, los altos costos de los combustibles y la importación masiva de productos del mar que mantienen en la quiebra financiera a más de 350 mil familias de pescadores.

Así lo denunciaron los presidentes de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, Aureliano Aldana Rivera; de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, Omar Lizárraga Manjarrez y de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, Carlos Urías Espinoza, quienes encabezaron a poco más de dos mil pescadores de todo el país en demanda de inhibir la introducción masiva de productos marinos que han agudizado la crisis en el sector.

Sobre el tema, el presidente de la Conacoop, Aureliano Aldana Rivera, aseguró que es necesario regular la pesca irracional e ilegal de la sardina, toda vez que este tipo de embarcaciones –algunas con una capacidad mayor a las mil toneladas—depredan a la pesca del camarón, la jaiba, la escama marina y otras especies, pues “no respetan las vedas y producen un grave daño a la sustentabilidad de los productos marinos que requiere un equilibrio”.

De igual manera, puntualizó es urgente que el Gobierno Federal destine un presupuesto suficiente y adecuado para la pesca y la acuacultura, pues “los recortes a este rubro han colocado a miles de familias que se dedican a esta actividad al punto de desaparecer, pues resulta incosteable el pago de impuestos y combustibles con las ganancias que se pudieran obtener por esta actividad”.

 “Simplemente decimos que el presupuesto no está acorde a las necesidades y potencial de esta actividad que tiene que ser vista como instrumento de desarrollo nacional y de seguridad alimentaria.

En tanto, el presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico, Omar Lizárraga Manjarrez, expuso que es urgente recuperar e incrementar los presupuestos que en los últimos años han sido recortados de manera inexplicable pues mientras en 2016 se contaba con un presupuesto de 3 mil 372 millones de pesos, para este año apenas se asignaron mil 993 millones, lo cual resulta insuficiente para competir con los mercados internacionales del producto del más, ya que muchos gobiernos subsidian a sus pescadores.

En este sentido, expuso que los pescadores y acuicultores deseamos participar en la elaboración del Presupuesto de Egresos 2020, ya que este sector es tan importante como el agrícola, ya que “nosotros –los miles de pescadores—llevamos los productos del mar a la mesa de los millones de mexicanos, pero desafortunadamente no hemos sido tomado en cuenta”.

Por su parte,  el presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, Carlos Urías Espinoza, aseguró que esta movilización nacional –ya que se dio en varios estados de la república—quiere concientizar al Presidente Andrés Manuel López Obrador de la importancia de quienes nos dedicamos a la pesquería de altamar y ribereña, así como a la acuacultura.

·         Precisó que las demandas que presentaron al Primer Mandatario son:

·         Subsidio al diésel marino y  a la gasolina ribereña.

·         Políticas públicas que impulsen a este sector a ser más  competitivos y más rentable.

·         Fortalecer esta actividad para generar más empleos.

·         Garantizar la seguridad alimentaria nacional.

·         Activar las economías de 263 municipios costeros, que cuenta con una población de poco más de 24 millones de mexicanos.

·         Frenar la pesca ilegal que se ha constituido en un “cáncer” para toda la actividad.

·         Reforzar los programas de inspección y vigilancia federales

·         Mayor coordinación entre la secretaría de Marina-Armada de México y Desarrollo Social, así también con Conapesca, Profepa y los 17 gobiernos estatales, así como municipios costeros.

·         Frenar las masivas importaciones de productos marinos.

·         Mayores controles en aduanas en materia de sanidad.

Queremos que el Gobierno Federal establezca una política de protección y desarrollo de la pesca y la acuicultura nacional, que no solo garantice los miles de empleos en zonas marginadas, sino además refrende su compromiso para que todos los mexicanos tengan acceso a los productos del mar a precios justos y competitivos.

Posteriormente, los pescadores y acuicultores se sumaron a las movilizaciones convocadas por organizaciones campesinas, en el marco del centenario del nacimiento del Caudillo del Sur, general Emiliano Zapata, De igual manera, los pescadores tomaron las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural de los estados de Yucatán, Veracruz y Sinaloa, con la intención de sumarse a este movimiento nacional.

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