Actualmente las personas con discapacidad en México enfrentan de acuerdo con CONEVAL, retos importantes en el acceso a derechos humanos como la salud, la educación y la alimentación, pero el Presupuesto Federal no contempla ninguna asignación que de soluciones o respuestas a estas carencias sociales.
En los últimos diez años, es decir desde la creación de la Ley General para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, todos los indicadores de pobreza de las personas con discapacidad, han tenido una curva descendente en cuanto a carencias, es decir cada vez menos personas con discapacidad enfrentaban un rezago social, sin embargo desde 2019 esta tendencia se ha revertido y ahora más personas con discapacidad se encuentran en condiciones de pobreza, población que crece a un ritmo preocupante.
En materia de educación no existe ya ningún programa que atienda las necesidades educativas de 4 millones de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el programa “La Escuela es Nuestra”, no considera el mantenimiento o la ampliación de planteles educativos de menos de 50 estudiantes por lo que los Centros de Atención Múltiple (CAM) no tienen acceso a estos fondos.
Más aún, en las Escuelas de Educación Básica, tampoco existen programas de construcción, adaptación o conservación de planteles accesibles. Finalmente, los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad, no cuentan con aumento en su presupuesto o una modificación en las reglas de operación que permitan el pago a los profesores de bachillerato para miles de adolescentes con discapacidad, quienes cada año viven con retrasos e incumplimientos en sus derechos laborales y sueldos.
Actualmente nuestro país vive una severa crisis en cuanto al acceso a la salud, más de 35 millones de mexicanos que tenían derecho a servicios de atención médica, medicamentos y rehabilitación, los han perdido en los últimos tres años, lo que incluye alrededor de 6 millones de personas con discapacidad de acuerdo con CONEVAL.
Desde el Partido Revolucionario Institucional se ha insistido por segundo año consecutivo en la creación de un Fondo que permita la adquisición de ayudas técnicas, como lo son sillas de ruedas, prótesis, órtesis, aparatos auditivos o bastones blancos, esta exigencia ha sido ignorada por los grupos mayoritarios en el poder.
En el mismo sentido el incremento de algunos pesos en las pensiones para menos de un millón de beneficiarios es prácticamente nulo, ante el efecto de la inflación alimentaria de un 14%, estos programas son complementarios para el ingreso de las familias que viven con integrantes que son personas con discapacidad, pero que de ningún modo pueden ser la base de una política social.
Así las cosas, en el Presupuesto para el año 2023, no existen partidas destinadas al empleo, la apertura de empresas, el financiamiento o cualquier otro estímulo que permita que las personas con discapacidad o sus familias obtener los recursos económicos a través del trabajo y el empleo; esto sin duda los está condenando a la pobreza y a perder su calidad de vida.
El llamado que se hace desde la Asamblea Informativa a través de las propias personas con discapacidad, es que, ante las condiciones actuales del país y la inexistente política social enfocada al desarrollo de las personas con discapacidad, es que el Presupuesto no sea ya un elemento para el empoderamiento, porque a cuatro años de olvido y exclusión este ya es un sexenio perdido para las personas con discapacidad.
Por ello, se hace una respetuosa solicitud, que los recursos que los ciudadanos otorgan con sus impuestos a la Administración Pública, sean usados al menos para contener el deterioro de las condiciones de vida de 20 millones de personas que en México, viven con discapacidad, enfrentan alguna limitación o condición intelectual.