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Hoy más que nunca, México requiere de un multipartidismo que sea el elemento conciliador de las posiciones radicales y confrontadas que se manifiestan en la sociedad mexicana, la polarización no contribuye a fortalecer la democracia, estableció la diputada Dulce María Sauri al exigir, en nombre del  Grupo Parlamentario del PRI, realizar una auténtica reforma del Estado y electoral, que cancele la tentación de imponer la tiranía de las mayorías.

Al discutir el cambio al artículo 41 de la Constitución, para quitar la mitad  de recursos públicos a los partidos políticos, la  legisladora priista, destacó que el intento de restaurar un partido hegemónico y predominante, no responde a la realidad actual y plural de la sociedad mexicana. “Quitar el 50 por ciento de financiamiento público a los partidos políticos es el primer paso para ‘morenizar’ el sistema de partidos en México,  se  trata de una medida perversa para desaparecerlos, para destruir la democracia”.

Y recordó, desde la máxima tribuna del país y acompañada de todo el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, que “en más de 20 años, mientras el PRD-Morena fue oposición, no hubo ni devolución de dinero, ni queja del financiamiento recibido, ni intención de modificar la fórmula”.

Advirtió que el contenido de esta reforma es perverso y equivaldría a restaurar a un partido hegemónico; pero además, representa un contrasentido, porque las reformas relativas a aumentar el financiamiento a los partidos, permitieron ampliar la vida democrática. Los partidos políticos  tuvieron la oportunidad de competir electoralmente, ganar el control de la mayoría en la Cámara de Diputados y  ganar la Presidencia de la República.

La también vicepresidenta de la Cámara de Diputados,  exhibió los informes de los partidos políticos  en 2006, donde se  reporta el gasto de los candidatos presidenciales en campaña: Felipe Calderón gastó 584 millones de pesos; Roberto Madrazo, una suma de 648 millones, y Andrés Manuel López Obrador 616 millones.

“Materializar el recorte de 50 por ciento a los partidos, daría como resultado un sistema debilitado, desdibujado, mucho más cercano a un movimiento que a un partido político. ¿Les suena?, preguntó, y ella misma respondió al resto de los legisladores: “Morena: Movimiento de Regeneración Nacional”, acusó la legisladora por el estado de Yucatán.

Ahondó: “Morena intenta transformar su movimiento en un partido con padrón de militantes y estructura orgánica, pero ha tropezado con la realidad, le es difícil configurarse como una fuerza políticamente estable, capaz de cumplir con la legislación político electoral; “como Morena no puede cumplir la norma y transformar a su partido, entonces quiere transformar a los otros partidos en un movimiento”, insistió Sauri Riancho.

Enumeró cada reforma legislativa que transformó el sistema electoral mexicano y donde destacan decisiones de gran alcance como las de 1977 que dio inicio formal el financiamiento público a los partidos; en 1986 se amplió a 500 el número de representantes populares en la Cámara de Diputados, integrados por un sistema mixto, diputados de mayoría relativa y de representación proporcional; en 1989 se fijó el 2.5 por ciento de la votación para tener derecho a la subvención, en 1993 se limitaron las aportaciones de recursos privados y se amplió la integración de la Cámara de Senadores al pasar de 32 a 96 legisladores.

También destacan las grandes reformas de 1993 que prohibieron aportaciones o donativos a los partidos en dinero o en especie; o la de 1996, que implicaron la creación de un sistema de financiamiento público, junto con la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, el acceso equitativo a los tiempos de radio y televisión y el traslado del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. 

Frente a estos avances que permitieron un sistema electoral más equitativo,  subrayó Sauri Riancho, hoy estamos en retroceso, donde incluso existe la incitación de autorizar la condonación de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a los partidos en el proceso electoral 2018.

El monto asciende a 585.3 millones de pesos, por presuntas irregularidades, de los cuales tan sólo a Morena, corresponden 238.8 millones de pesos, entonces  está demostrado que esta reforma constitucional tiene dedicatoria especial para contribuir a la solución de los problemas internos del partido en el poder.