El Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en el Senado de la República, acompañará las acciones jurídicas que emprenda la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional que encabeza la senadora Claudia Ruiz Massieu, encaminadas a impedir que se consuma el intento del Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla.
Las y los senadores del PRI respaldarán las acciones legales para que el estado del norte del país vuelva al orden constitucional y se restaure el estado de Derecho violentado con la aprobación de las y los diputados de todos los partidos políticos y se castigue cualquier actitud antidemocrática, e incluso corrupta, de los representantes populares para modificar la ley local para beneficiar el proyecto político de una persona y su partido político.
Aseguran los legisladores priistas que de no corregirse e invalidarse esta reforma constitucional, propuesta por el partido MORENA y avalada por los diputados integrantes de todas las bancadas representadas en la Cámara de Diputados local, se sentaría un funesto precedente muy grave y peligroso para el estado de Baja California en particular y para el país en general.
En este sentido, precisan, es necesario que todos los actores políticos, desde el gobierno del estado, hasta el Congreso Federal y el gobierno de la República, hagan uso de los recursos jurídicos a su alcance para impedir esta acción que representa un lamentable retroceso en la vida democrática del país.
Asimismo las y los legisladores priistas respaldan la condena del Comité Ejecutivo Nacional del PRI al actuar de legisladores de este partido y se sumarán a las determinaciones que aplique la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y la Comisión Nacional de Ética, quienes habrán de analizar el caso y, en su caso, determinarán las sanciones correspondientes.
Dichas sanciones pueden derivar en la expulsión de los diputados locales y los integrantes de los Ayuntamientos de Baja California que votaron en favor de esta ilegítima modificación que vulnera el derecho político elemental de elegir al titular del Poder Ejecutivo del estado.