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Funcionarios federales y representantes de instituciones financieras coincidieron en que trabajarán coordinadamente con las sociedades cooperativas, para actualizar las normas que las rigen y fortalecer su desarrollo para mejorar su productividad, así como el crecimiento económico y bienestar en las regiones más remotas del país.

En la inauguración del Foro Nacional de Cooperativismo en México, que organiza el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), órgano desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, funcionarios del Gobierno de México estuvieron de acuerdo en que es necesario el trabajo en conjunto para que, entre otras cosas, se logre un desarrollo incluyente y crecimiento sostenible en el país.

Durante su intervención, el director general del INAES, Juan Manuel Martínez Louvier, recordó que las cooperativas que prestan servicios financieros llegan a más de ocho millones de personas, por lo que las instituciones del Estado mexicano trabajan de manera conjunta para atender sus necesidades.

En el marco del Día Internacional del Cooperativismo que se celebra el 6 de julio, dijo que esas asociaciones no son algo nuevo, alternativo o marginal, sino que constituyen “el artefacto civilizatorio más depurado que tiene la humanidad para afrontar la crisis presente” y “la innovación social más potente que ha tenido la humanidad desde el siglo 18”.

Puntualizó que “en contraste de otros sistemas económicos que profesan una economía regida totalmente por el Estado y con una participación limitada de la gente o los que enfatizan en la acumulación, la competencia y la falta de solidaridad, el cooperativismo y la economía social sin duda marcan una perspectiva de futuro porque están centradas en un “nosotros”.

Lamentó que en los últimos 30 años el desarrollo del sector social de la economía no ha sido prioridad, por lo que «es tiempo de retomar una relación sumamente fuerte, detallada y profunda, porque es este, el sector que está más cercano a la población y prioritario para el Gobierno de México».

Por su parte, José de Luna Martínez, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fijo a los cooperativistas que “sumando esfuerzos entre ustedes, los intermediarios financieros, la banca de desarrollo y los diferentes actores que participan en estos ecosistemas, vamos a lograr fortalecer las cadenas de valor, incrementar la productividad de las empresas, a buscar mayor contenido nacional en exportaciones y todo ello deberá redundar en mayor crecimiento económico, en mayor bienestar y en mayor prosperidad para todos”.

En la inauguración del foro que concluirá el sábado y en el que participan especialistas nacionales e internacionales, quienes dialogan con más de mil representantes de unas 200 cooperativas, Luna Martínez destacó la importancia de superar el rezago que existe en ese sector.

Citó que sólo 37 por ciento de la población adulta del país, tiene una cuenta de ahorro en una institución bancaria, mientras que en países de América Latina o en otras naciones comparables del mundo, la cifra es arriba del 80 por ciento.

“Tener este rezago tiene implicaciones muy fuertes, primero porque la mayor parte de la población adulta que no tiene una cuenta de ahorro acaba ahorrando abajo del colchón y ese dinero que pudiera convertirse en un depósito bancario y que subsecuentemente pudiera servir para financiar un proyecto productivo, queda inmovilizado, abajo del colchón”, subrayó.

En tanto, Rabindranath Salazar Solorio, director del Banco del Bienestar, señaló que la institución a su cargo enfrenta el gran reto de llegar hasta el último rincón del país, donde la banca comercial e incluso la pública no tienen presencia, por lo que es importante fortalecer lazos y generar una alianza estratégica con las cooperativas, el INAES y TelecomTelégrafos.

Se analiza la posibilidad “legal y técnica”, dijo, de poder compartir el número de identificación bancario, con las cooperativas financieras, para colocar terminales y realizar transacciones en lugares aparatados.

Recordó que, en muchas ocasiones, las cooperativas en zonas apartadas captan recursos, pero les significa un problema y un gasto el poder trasladar ese dinero hacia alguna institución financiera cercana, mientras que el Banco del Bienestar tiene el problema contrario de hacer llegar el dinero a esas regiones, que implica tiempo dinero, esfuerzo y riesgo a la seguridad.

“Por eso se está realizando un mapeo de todas las cooperativas, para que nos ayudemos mutuamente a resolver el problema”.

Recordó que el sexenio pasado, Bansefi entregó más de 377 mil millones de pesos en efectivo, a beneficiarias de programas sociales, lo que no estuvo exento de problemas de “corrupción e inseguridad” en diversas zonas del país.

Al respecto, Juan Pablo Graf Noriega, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SCHP, dijo que las diferentes reformas a la ley que ha tenido el sector, “no contemplaban todavía lo que es el riesgo en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.

Por ello, dijo que la regulación que se impulsa actualmente es muy importante para todo el sistema financiero y para el de ahorro de cajas populares, porque es uno de esos riesgos que cuando se materializan pueden tener efectos muy importantes.

“He estado escuchando en los últimos meses de ustedes y de muchos otros intermediarios que se percibe que la regulación es demasiado onerosa para la regulación que existe en este sentido. Pero es muy importante que tengamos esa visión de que es en beneficio de todos nosotros, que sepamos medir bien este riesgo, que sepamos dónde está y tomemos medidas oportunas para evitar que los intermediarios financieros sean utilizados en el lavado de dinero”.

En este mismo sentido, Anselmo Moctezuma Martínez, vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dijo que desde el inicio de las cajas de ahorro en México a mediados del siglo pasado, no han cesado los esfuerzos para diseñar e implementar un marco legal que dote de certeza jurídica y viabilidad financiera a este tipo de organizaciones sociales.

Expuso que desde el punto de vista de la autoridad supervisora y sujeta al diálogo que se dé con todos los involucrados, la regulación diferenciada, tomaría como punto de partida dos premisas fundamentales.

En primer lugar, considerar que tratar igual a los desiguales es inequitativo, por tal motivo, la definición de un marco regulatorio que reconozca la naturaleza y característica de los modelos de negocio, orientados a la economía social, debe llegar a promover, entre otros aspectos, estructuras administrativas y operativas que guarden congruencia y equilibrio con el tipo de actividades y productos que ofrecen las entidades.

Detalló que, por otro lado, se considera fundamental que los riesgos se cubran de manera similar, independientemente del tipo de intermediarios, para evitar arbitrajes regulatorios o colocar en estado de vulnerabilidad a cierto tipo de entidades.

Es decir, para riesgos iguales o equiparables, se espera un tratamiento similar en materia de estimaciones preventivas, requerimientos de capital y coeficientes de liquides, abundó.

“Con estos esfuerzos, contribuiremos a mantener la solvencia y estabilidad de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, así como a lograr que se consoliden como una acción viable para las personas que menor acceso tienen a los servicios financieros.

“Al mismo tiempo, este esfuerzo servirá para fortalecer la arquitectura del sistema financiero al facilitar el desarrollo de intermediarios más cercanos a los usuarios, reduciendo la concentración de los servicios, sobre las bases de crecimiento e inclusión, estabilidad e integración y competencia e innovación”.

Luis Fabre Pruneda vicepresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recordó que luego de dos casos de defraudación, durante más de dos décadas se ha tratado de regular el sector social en el que convergen una gran cantidad de figuras jurídicas que no están del todo definidas.

“Debe revisarse el marco legal con un enfoque diferenciado cuyo cumplimiento implique un menor costo pero sin arbitraje regulatorio y con figuras claramente definidas en el ámbito de su competencia”, expresó.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados, Alberto Mendoza Acevedo dijo que es una prioridad en ese órgano legislativo abrirse a los representantes del sector como nunca antes, por lo que “los cooperativistas cuentan con un aliado para atender sus exigencias”.

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