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El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso de la Unión una propuesta para eliminar el Outsourcing. Sin embargo, en México se benefician aproximadamente 4.5 millones de trabajadores de este esquema, y al suprimir esta figura, únicamente el 20% se quedaría en los centros de trabajo y el 80% se movería a la informalidad, la cual pasaría de 54.9 a 61 por ciento, advirtió Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).

A partir de esta propuesta, el CEEF establece su opinión sosteniendo que dicha medida, en lugar de apoyar al empleo formal, lo desestimulará generando un importante aumento en la informalidad laboral y, por ende, en la precarización del ingreso de las familias.

“Actualmente, el país cuenta con todos los elementos necesarios en la Ley Federal del Trabajo para sancionar las prácticas abusivas e ilegales de los esquemas de subcontratación. Prohibir la práctica de tercerización que ejerce legalmente en el país hará que los costos de administración de las MIPyMES se eleven, dando paso a la informalidad laboral”, precisó el presidente del CEEF.

Es importante puntualizar que el análisis de fondo es la informalidad laboral, “y es precisamente lo que se debe combatir a través de una adecuada supervisión, vigilancia y sanción”, indicó Leñero, mediante el trabajo sincronizado de todas las dependencias involucradas.

Una de las mayores preocupaciones que se presentan ante esta iniciativa del presidente, es que la consecuencia de suprimir la subcontratación será equivalente a una mayor evasión y disminución del ingreso tributario, así como el incremento de la informalidad y la precarización del ingreso familiar —traducido en mayor pobreza en el país—, subrayó el directivo.

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