México incumple con los estándares básicos de seguridad vehicular que recomiendan la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alertaron especialistas en temas de movilidad que participaron en el 6º Diálogo de la Alianza Nacional para la Seguridad Vial (ANASEVI) sobre Vehículos Seguros.
Salvador Saavedra, socio fundador de la ANASEVI, habló de los retos que enfrenta el país hacia el 2030 como parte de los objetivos del Segundo Decenio para la Seguridad Vial, entre los que destaca una reducción de la estadística en 50% de las muertes y lesiones para 2030. Estimó que la atención a víctimas de hechos de tránsito, en decesos y lesiones, representa un costo para la sociedad del orden de los 31 mil 800 millones de pesos. Indicó la importancia de que, conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en las leyes federales se establezca claramente cuál es la dependencia responsable de: la investigación de las causas de los siniestros viales; la emisión y verificación e la conformidad de la NOM de seguridad vehicular y de condiciones físico mecánicas; de definir el horizonte de planeación de las especificaciones de seguridad vehicular y de incentivar la adquisición de vehículos más seguros. Asimismo, señaló que en las leyes locales debe quedar claro la concordancia sobre: la verificación periódica de las condiciones físico mecánicas de todos los vehículos, concurrente con la verificación de emisiones, así como el reconocimiento de las verificaciones entre las entidades federativas y el gobierno federal.
Stephan Brodziak, encargado de seguridad vehicular en El Poder del Consumidor, aseguró que en México hay un “ambiente perverso” en seguridad vehicular, ya que existen asimetrías de información entre fabricantes, distribuidores y consumidores, un doble estándar de seguridad vehicular con autos de baja seguridad para México que son en su mayoría importados, y autos fabricados en el país con seguridad aceptable, pero dirigidos al mercado de exportación.
Detalló que es elevado el costo social de los hechos de tránsito en el país, que arrojan más de 16 mil muertes al año, 140 mil lesionados y pérdidas del orden de entre 1 y 3 por ciento del PIB, por carecer de un ambiente de seguridad adecuado.
Dijo que México no cumple con los estándares recomendados por la OCDE para establecer sistemas de seguridad vehicular. Señaló que se requiere un etiquetado de seguridad vehicular y establecer el uso de las estrellas de Latin NCAP en unidades automotores, para medir los niveles de seguridad de manera similar al etiquetado frontal de alimentos y bebidas.
Javier Garduño Arredondo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, consideró que la seguridad vial debe estar en el centro de la toma de decisión en materia de infraestructura y movilidad. Dijo que las muertes por hechos de tránsito son una “verdadera pandemia” que no se ha podido evitar, y señaló que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es un instrumento importante que, desde la parte jurídica, obliga a tomar acciones de seguridad en movilidad. Desde su ámbito de competencia, considera que con la creación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, se buscará implementar las estrategias necesarias que corrijan y subsanen las deficiencias y barreras existentes para contar con vehículos más seguros.
Fernanda Rivera Flores, Directora General de Licencias y Transporte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, aseguró que se realizan esfuerzos importantes para la transformación de la red de transporte público en la capital del país. Sostuvo que el Programa Integral de Seguridad Vial establece controles para la seguridad vehicular, se impulsa la renovación de unidades para fortalecer la seguridad vial con la adquisición de trolebuses eléctricos y la sustitución de taxis y microbuses. Además, informó que se adquirieron más de 300 unidades nuevas de Metrobús, y se trabaja la primera línea eléctrica de la ciudad.
Alejandro Furas, titular de Latin NCAP, coincidió en que la ONU recomienda la aplicación de medidas de seguridad en los vehículos, ya que un auto más seguro es importante no solo para los ocupantes, sino también para los peatones. Afirmó que México y el resto de Latinoamérica no aplican con rigor los criterios de seguridad vehicular, y alertó que un sedán económico adquirido en México tiene menos sistemas de seguridad que el mismo sedán comprado en Estados Unidos, por las regulaciones vigentes. En Europa, por ejemplo, son obligatorias las Regulaciones Generales de Seguridad (GCR), es decir, bolsas de aire, cinturones de tres puntos, control electrónico de estabilidad, asistencia de velocidad y frenado autónomo de emergencia, entre otros.
Rodolfo Hernández Casanova, de SCANIA México, alertó que la edad promedio del transporte de carga en México es de 18 años, lo que representa un riesgo en materia de seguridad. Dijo que en 2020 se registraron cerca de 11,500 accidentes de tránsito tan solo en carreteras, por factores como imprudencia del conductor, velocidad excesiva y condiciones mecánicas de las unidades, por lo que el uso de tecnologías de punta es fundamental para garantizar mayor seguridad.
Issac Castañeda, representante de la ANASEVI recordó que los temas de movilidad segura serán analizados en Intertraffic México 2022, que se realizará del 8 al 10 de noviembre próximo en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, el principal encuentro del sector de la movilidad. Será sin duda un punto de encuentro importante para dar seguimiento a la Ley de Movilidad y los avances en esta materia, además de conocer tecnologías en seguridad vial que ayuden a prevenir accidentes en carreteras y vialidades, concluyó.