Una de las críticas recurrentes a las compras de gobierno en tiempos de la 4T son las asignaciones directas que como sabe siempre dejan espacio al sospechosismo, por decir lo menos.
La nota es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador benefició a Grupo Autofin, de Juan Antonio Hernández con contratos de arrendamiento entregados sin licitación pública y de forma directa.
De acuerdo con los registros de CompraNet, Arrendomovil recibió en 2019 un total de 39 contratos, por un monto de 52 millones 991 mil pesos, sin IVA incluido.
Sin mediar explicación de esos contratos 18 fueron adjudicación directa con qué la empresa obtuvo 25.9 millones de pesos, mientras que en licitación pública se hizo de otros 19 contratos por 24.8 millones de pesos.
En 2018, la firma recibió 6 contratos por 44 millones 511 mil pesos, sin IVA incluido, de estos, 4 en adjudicación directa por 15 millones 910 mil pesos.
Mientras que en licitación recibió dos por 28 millones 600 mil pesos. Nada más.
En 2013, el primer año de Peña, Arrendomovil recibió 11 contratos por 113 millones 830 mil pesos, sin IVA incluido, pero principalmente por un contrato con Capufe de 75 millones, y de esas compras siete fueron en adjudicación directa por un monto de 95 de millones 856 mil pesos, dónde se incluye el contrato con Capufe.
Mientras en licitación pública se tienen dos procesos por 16 millones 267 mil pesos.
Lo curioso es que el presidente de la República dijo en su participación en el pasado Tianguis Turístico de Acapulco que Hernández era un «buen empresario”.
La ruta del dinero
Mientras nos distraen con el “cachito” para el avión presidencial el sector privado esta de nueva cuenta sorprendido por la forma como se regulan a industrias que son clave para la economía, como son las de alimentos y bebidas con eso del nuevo etiquetado. Como sabe el tema compete a Economía de Graciela Márquez; Salud de Jorge Alcocer; y la Cofepris de José Alonso Novelo. Queda claro que las reformas y adiciones a la Ley General de Salud a través de la NOM 051 lejos de ayudar a prevenir la obesidad –como argumenta el gobierno- confundirá al consumidor e incluso tendrá serias repercusiones económicas para el país. Y es que arbitrariamente, como ya se acostumbra en México, desecharon opiniones, recomendaciones, propuestas y/o aclaraciones de diversas cámaras y organizaciones como Canainpa, el Consejo Mexicano de la Carne, ConMéxico, Canilec y Canacintra, entre otras, así como de especialistas e incluso de organizaciones de consumidores. El resultado es: una normatividad pesimamente elaborada, impuesta y dañina en muchos sentidos. Quienes realmente saben del tema adelantan que la NOM 051 ni siquiera motivarán la reformulación de productos o la introducción de porciones pequeñas, como era la idea que se tenía al combinar la fórmula de advertencia con datos nutricionales detallados. Al tiempo…