La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) apercibió a la Comisión Nacional Honestidad y Justicia (CNHJ) de MORENA, para que se atiendan puntualmente los estándares fijados por la Sala, porque ya ha establecido que dicha Comisión carece de competencia en asuntos que involucren actos de derecho parlamentario.
En el expediente SUP-JDC-1878/2019, los Magistrados, por unanimidad, revocaron la amonestación impuesta por la CNHJ al Senador Ricardo Monreal Ávila, respecto de su actuación en el procedimiento de renovación de la Mesa Directiva del Senado de la República, en atención a que la Comisión de MORENA carece de competencia para conocer temas de derecho parlamentario.
El mismo Tribunal, había resuelto en el expediente SUP-JDC-1212/2019, que la votación de reelección o elección de quienes conformarían la Mesa Directiva del Senado era un asunto exclusivamente de la organización y funcionamiento del Senado de la República, por lo que la CNHJ no podía conocer de ello ni hacer pronunciamiento alguno, pues se trataba de un asunto de derecho parlamentario que no incidía en el partido político.
No obstante ello, la CNHJ, decidió amonestar al Senador Ricardo Monreal Ávila, por su intervención en el procedimiento de renovación de la Mesa Directiva, por lo cual, el TEPJF dejó sin efecto la amonestación y le reiteró a la CNHJ que no puede conocer temas de derecho parlamentario, por lo que la apercibió para que el futuro obedezca los lineamientos que le ha fijado el TEPJF.
En la misma sesión, al resolver el expediente SUP-JDC-1877/2019, se revocó el oficio por el que la CNHJ solicitaba al Senador Ricardo Monreal excluir del grupo parlamentario de MORENA a la Senadora María Lilly del Carmen Téllez García, pues se trata de un asunto que sólo compete al grupo parlamentario de MORENA y no a la CNHJ, quien emitió el oficio sin fundamento alguno, pues se trata de un tema exclusivamente legislativo además de que la Senadora ni siquiera es integrante de MORENA.
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la presidenta de la Mesa directiva en el Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, dijo que se verán las iniciativas con mucho detenimiento y se comprometió a que desde la Cámara Alta se impulsarán las modificaciones necesarias para hacer llegar la impartición de justicia a todos los mexicanos y para que todos los funcionarios públicos actúen conforme a derecho.
En breve pero sustanciosa reunión, entre legisladores de todas las bancadas políticas que integran al Senado, con los funcionarios del gabinete presidencial – Olga Sánchez Cordero, Gobernación y Julio Scherer, consejero jurídico, así como el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero–, quienes acudieron a la Cámara Alta para llevar nueve iniciativas de reformas, tendientes a brindarle nuevos elementos a poder judicial de la federación, y lograr mayor justicia y seguridad a lo largo y ancho del país, el senador Ricardo Monreal, en su carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de entrada mencionó la presencia de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, lo que simboliza la importancia de la Reforma judicial por venir.
En el salón de protocolos de la Jucopo, que resultó insuficiente para dar cabida a todos los interesados, Monreal agradeció el gran interés por el hecho, pero se abstuvo de hacer mayores comentarios hasta que no se haga la presentación formal de las iniciativas, estimado para los primeros días de febrero, pero aseguró haber escuchado planteamientos novedosos; se pronunció por “hacer un análisis riguroso, una vez con todos los documentos formales”.
En un tenor de búsqueda de sumas, mencionó lo interesante que hay en la Ley Nacional de Cultura Cívica, el Nuevo Código Federal, así como su deseo de hablar con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que haya una Reforma consensuada, pues es una Reforma de “gran calado”.
A legisladores de su bancada y de los grupos opositores les hizo ver que no será un asunto tan fácil, “nosotros tenemos la voluntad de analizarlos y de revisarlo, se actuará con toda responsabilidad en su dictaminación”.
Tanto Monreal como Fernández se pronunciaron porque en el análisis de las propuestas –una vez que nos las envíen formalmente–, se verá en Parlamento Abierto, “no nos vamos a presionar porque queremos entregarle a la ciudadanía resultados eficaces para el combate a la inseguridad. Escucharemos a todos y creemos que en la construcción de las normas jurídicas si nos podemos poner de acuerdo, plantearía un mecanismo similar al de la Guardia Nacional en el que estemos todos”.
Y puntualizó ante la gran cantidad de asistentes: “queremos expresar voluntad para analizar y lograr un proyecto de reformas amplió por unanimidad, si es posible.
Sánchez Cordero asegura que para el Gobierno Federal y para la dependencia a su cargo, es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia, tanto en la procuración como en la impartición.
“Por eso, deseo que este esfuerzo sea el inicio conjunto de poderes, para buscar soluciones y mecanismos que consideran a las instituciones de justicia los temas más sensibles para nuestra población. Es un compromiso institucional y personal este fortalecimiento a las instituciones de justicia. Deseamos que la discusión sea prolífica, que se genere el debate, que se discuta y se llegue a la mejor construcción normativa”, exhortó.
Y el abogado Scherer Ibarra señaló que los problemas del mundo, sus dudas e inconsistencias siguen siendo los mismos a través de los siglos, desde la Grecia clásica hasta la realidad nacional de hoy.
“Así vemos a México, como un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere una nueva norma para la persecución de los delitos”, reconoció.
“Estas iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia, que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99 por ciento de impunidad en México”, declaró.
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Al resolver el amparo en revisión 610/2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que resulta inconstitucional que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) haya modificado, unilateralmente, la norma oficial mexicana “NOM-016-CRE-2016”, para incrementar el porcentaje máximo de etanol como oxigenante en las gasolinas Magna y Premium (esto es, hasta un 10 %).
Ello, pues al encontrarse a debate la magnitud de daños a la calidad del aire que podría producir el empleo del etanol como oxigenante en gasolinas, cobra plena aplicación el llamado “principio de precaución ambiental”, el cual obliga a que se lleve a cabo una evaluación con la mayor información científica posible, respecto a los potenciales daños que el incremento de etanol para esos fines podría generar en el medio ambiente.
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Nada bien cayó entre los panistas de SLP el gasto que hizo Xavier Nava, para auto destaparse como candidato azul para la gubernatura en una columna en periódico nacional, como una patada de ahogado lo calificaron los panistas ante sus fracasos en materia de seguridad y obra en la capital potosina, en el
PAN, comentan que Nava resultó muy mal gobernante y que sería un fracasó como candidato, ya sea otra vez a la alcaldía y aún mayor fracaso a la gubernatura.
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Vaya embrollo en el que se metió el diputado con licencia y ahora extitular de la Secretaría de Gobernación de Puebla, Fernando Manzanilla, quien dejó la coordinación del PES para sumarse al gobierno de Miguel Barbosa y anunció recientemente su precipitada reincorporación a San Lázaro. Nos cuentan que Manzanilla se alió de facto con el exdiputado panista Eukid Castañón, quien fuera su rival en los tiempos del morenovallismo, para criticar programas estrella del gobierno de Barbosa, como el de la renovación de patrullas en la entidad. Dicen los que saben que la molestia deriva del excesivo control del Gobierno Federal en el estado, que impidió que Manzanilla operara con la libertad que le prometieron.
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