La consigna volvió a salir de Palacio Nacional, esta vez, dirigida a los legisladores de Morena, a los más radicales, para defender la errada estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la sesión de la Comisión Permanente, así que ninguno pudo resistirse o negarse a hacer el patético y deleznable papel que les pidió su jefe.
Y así como una semana antes, los del partido oficial se resistieron a abordar la agenda política en la Permanente porque sabían que la oposición los cuestionaría por el mitin-“cargada”, que protagonizaron las “corcholatas y corcholatos” del partido oficial en el mitin de Toluca, Estado de México, ahora “de mil amores” desplegaron un patético papel para defender la absurda frase de “abrazos, no balazos”, con la que López Obrador justifica toda su ineptitud para controlar el clima de inseguridad que vive el país, especialmente por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora y un guía de turistas, Pedro Palma, que ha desatado la indignación mundial.
Pero el debate que se llevó a cabo ayer en la sesión de la Comisión Permanente, no se limitó solo a lo sucedido en Chihuahua, porque hay que subrayar que el inquilino de Palacio Nacional tiene al país sumido en el caos; se extendió a otras zonas que sobreviven como pueden en medio de la creciente violencia, y eso que ya no hay masacres, ¡qué tal que hubiera!
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El Grupo Parlamentario del PRD, a través de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, demandó a la Fiscalía General del Estado de Chiapas y a su titular, Olaf Gómez Hernández, a investigar las amenazas vertidas este martes contra el reportero Juan Carlos Herrera Hernández, del Semanario Mirada Sur, por parte de Jerónimo Ruiz López, secretario de Unión del Mercado de Artesanías de Santo Domingo y también vinculado a un grupo delincuencial denominado “Los Motonetos”.
La legisladora federal solicitó al Subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, Alejandro Encinas, la posibilidad de que el reportero sea incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que se le proporcionen las medidas de protección idóneas ante la coyuntura de violencia e inseguridad que se ha dejado ver en el estado que gobierna el morenista Rutilio Escandón.
“Demandamos que se haga una investigación exhaustiva y que se aplique –en caso de ser necesario- el protocolo homologado de delitos contra la libertad de expresión y se resguarde la integridad en favor del periodista Herrera Hernández, luego de que denunciara haber sido objeto de amenazas al término de una conferencia de prensa ofrecida este martes 21 de junio, por funcionarios en el municipio de San Cristóbal de las Casas y líderes de transporte.
Juan Carlos Herrera Hernández acusó que Jerónimo Ruiz López le advirtió tener cuidado con lo que publica si no quiere correr la misma suerte que el periodista Fredy López Arévalo, asesinado a finales de octubre del año pasado en esta misma cabecera municipal.
“Es necesario que el gobierno federal y su titular, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, así como al Gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, garanticen el derecho de las y los periodistas a realizar su trabajo sin cortapisas y con plena libertad, tal como lo establece la Constitución Política de los estados unidos mexicanos”, señaló.
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El diputado Raymundo Atanacio Luna presentó una iniciativa para reconocer los derechos humanos de los ciudadanos, las obligaciones del Estado mexicano para resguardarlos, así como los marcos legales internacionales, federales y locales, a los que se deberían de apegar los tres niveles de gobierno para atender los casos de linchamiento.
A nombre del PT, el legislador planteo que se pongan en marcha Protocolos de Actuación Policial, es decir, un conjunto de criterios, estrategias, mecanismos y procedimientos que se deben realizar en forma estandarizada por parte de los servidores públicos encargados de la seguridad pública, en el ejercicio que el orden jurídico les asigna de manera expresa.
Señaló que los linchamientos en México se han convertido en uno de los fenómenos que han atraído la atención de las autoridades y medios de comunicación por su naturaleza violenta y su enfoque político en los últimos años.
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La contienda electoral presidencial de 2024 exigirá que la oposición partidista esté unida, con líderes en condiciones de enfrentar con efectividad al Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Sin embargo, en organizaciones opositoras se escuchan voces de inconformidad.
En las organizaciones opositoras tendrán que irse con tiento si quieren entregar buenas cuentas a sus seguidores. Por ejemplo, en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su líder Alejandro Moreno Cárdenas (a) “Alito” fue sometido a severos cuestionamientos por parte de jerarcas de ese instituto político.
Los priistas fueron directo al asunto y le pidieron la renuncia a “Alito”, quien, de plano, rechazó esa solicitud de abandonar el cargo. A esta situación se llegó luego de una cadena de acusaciones en contra del priista, ex gobernador de Campeche y diputado. Pero quienes lo hacían han sido perdedores en varias contiendas, lo mismo Roberto Madrazo que Claudia Ruiz Massieu, Miguel Osorio Chong, quien fue el coordinador de los senadores durante la campaña y solo logró uno de mayoría y así reclaman.
En una serie de audios, el dirigente evidenció temas relacionados con el lavado de dinero. Además, tuvo la ocurrencia de sugerir a un interlocutor lo siguiente: “Namás te voy a dar un dato: A los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”.
La militancia priista empezó a abandonar las filas debido a la errática política de sus dirigentes, que marcaron sexenios de corrupción. Como nunca, sus gobernadores fueron acusados de saquear el erario, en Veracruz, Quintana Roo, Nayarit, Chihuahua.