La Cámara de Senadores y ONU Mujeres suscribieron un convenio de colaboración, con el objetivo de impulsar propuestas legislativas que fortalezcan las medidas para erradicar la violencia de género en el país.
El documento fue firmado por el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez; Belén Sanz Luque, representante en México de ONU Mujeres; así como por legisladoras y legisladores.
A propuesta del senador, en el evento se guardó un minuto de silencio a la memoria de Victoria Salazar, mujer salvadoreña de 36 años que fue asesinada por policías en el municipio de Tulum, “en un brutal exceso de la fuerza, el pasado 27 de marzo”.
Eduardo Ramírez asentó que en el Senado se han visibilizado los problemas que aquejan a las mujeres y que han llevado a los movimientos feministas a manifestarse en contra de “esa realidad cruel y difícil que en la actualidad tenemos”.
Dijo que la firma del convenio compromete a los senadores a sacar adelante la agenda legislativa pendiente en favor de este sector de la población. En este sentido, hizo un llamado a las legislaturas locales para armonizar la legislación que se aprueba en el Congreso de la Unión.
Además, propuso que “de la mano del Fiscal General de la República se convoque a todos los procuradores y fiscales de México, para fortalecer el marco jurídico en materia penal y tipificación de delitos”.
Como órgano legislativo, acotó, hemos hecho lo que nos corresponde, hemos avanzado en reformas constitucionales para, entre otros objeticos, garantizar la paridad de género en los tres Poderes, espacios que se han ganado las mujeres con la férrea convicción de participar en la vida pública.
El convenio establece las bases generales de colaboración para que el Senado y ONU Mujeres realicen actividades tendientes a discutir, analizar y elaborar propuestas legislativas para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
Ambas instituciones orientarán sus esfuerzos a garantizar el pleno acceso de las mujeres y niñas a sus derechos, conforme a los principios contenidos en instrumentos internacionales; además, promoverán mecanismos de participación de la sociedad civil en la discusión de las iniciativas de ley que se presenten.
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La minuta que regula el uso y consumo del cannabis, enviada por la Cámara de Diputados, afecta los derechos humanos, presenta inconstitucionalidades y no cumple con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Durante la discusión del documento en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa, manifestó su voto en abstención.
“No podemos acompañar esos artículos dado que estaríamos siendo parte del incumplimiento de la ejecutoria, si los acompañamos vamos a ser parte del incumplimiento de la ejecutoria e incumplir una ejecutoria de amparo lo que implica es separación del cargo y obviamente consignación”, indicó.
El coordinador parlamentario recordó que la SCJN resolvió autorizar el consumo personal de marihuana con fines lúdicos y recreativos, también resolvió que la Cofepris debe determinar lineamientos y modalidades para otorgar los permisos. Además, se dejaron fuera temas como la protección a menores de edad y se retomó lo referente a la invasión de la vivienda para efectos de permisos de consumo, así como las sanciones por posesión simple.
“Desgraciadamente en el dictamen que hoy se presenta no estamos cubriendo estos alcances, esta obligación que tenemos, es una sentencia de amparo que obliga a las autoridades, en este caso al Legislativo, a cumplirla en sus términos y a mí me preocupa muchísimo que en el dictamen que pudiera llegar a aprobarse se diga expresamente y quede constancia, de que estamos conscientes de que no se cumple, de que hay inconstitucionalidad, de que se afectan los derechos humanos”, indicó.
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Cannabis, más complicaciones y cabilderos
Claro y contundente, si para el 30 de abril no se aprueba la Ley para la Regulación del Cannabis, tal como ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), habría «más caos», reveló el líder de la mayoría en el Senado, órgano legislativo a cargo de sacar adelante esta nueva ley.
Así fue como Ricardo Monreal, dijo que, «si no se aprueba, la Corte puede declarar la inconstitucionalidad de la ley o de la norma jurídica impugnada, y entonces sería más caos y más desorden, por eso es que tenemos que regular, porque si no se concede un tercer plazo estaríamos incurriendo en falta, y la Corte puede hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad».
En el marco de un día de sesión ordinaria, más ordinaria que ejecutiva, el senador afirmó que la aprobación no es fácil, pues la Cámara de Diputados regresó la minuta con cambios que preocupan porque, explicó, estos también podrían derivar en una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte.
Entre esos cambios, Monreal mencionó que la Cámara de Diputados eliminó la propuesta de crear un instituto regulador y dar esa facultad a la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), además de establecer permisos para autoconsumo, asociaciones de cannabis y para las actividades de siembra, cosecha, preparación y transportación.
Monreal Ávila reconoció que hay muchos intereses en esta ley, y que incluso hay «varios cabilderos» tanto en el Senado como en la Cámara. Por ello, destacó que ahora se tiene un gran problema: allanarse a la minuta de los diputados para cumplir el plazo judicial, o solicitar otro plazo.
En este sentido, señaló que se analizará con los otros grupos parlamentarios si se solicita otra prórroga a la Suprema Corte, pero también hay probabilidad de que esta misma semana el tema avance en el Senado. «Solicitar el plazo es una de las posibilidades, no agotamos ninguna», dijo.
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Más de 64 mil millones de pesos son los que las entidades federativas y diversos organismos le adeudan al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los que su director general, Luis Antonio Ramírez, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se concreten convenios que permitan a los Gobiernos de los estados regularizar sus adeudos, se ha propuesto recuperar para sanear las finanzas del instituto de salud.
De este millonario adeudo, 55 mil millones de pesos corresponden a cuentan individuales de los trabajadores, 7 mil millones al pago de servicios del ISSSTE y 2 mil 300 millones al FOVISSSTE.
La Junta Directiva del ISSSTE avaló que el Instituto ejerza las vías legales para hacer efectivos los adeudos, y refrendó la obligación de pago de cuotas, aportaciones y descuentos futuros. El modelo de convenio para la regularización de los adeudos de las entidades federativas, en el cual se reconoce la deuda; se precisan intereses, actualizaciones y recargos desde la firma, hasta el finiquito.
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El candidato a gobernador por la coalición “Va X Campeche”, Christian Castro Bello, definió que su Plan Económico, que incluye la creación de instituciones, apoyos y estrategias, ayudará a recuperarnos de la crisis provocada por la pandemia, construir la infraestructura y atraer la inversión necesaria para impulsar el desarrollo económico de largo plazo.
“Quiero que Campeche sea la capital económica del Sureste mexicano. Vamos a defender lo construido, lo que estamos haciendo y lo que queremos para el Estado, como una nueva relación con Pemex que haga mejorar su política de pago a proveedores locales”, declaró Castro Bello a empresarios.
En el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el abanderado del PRI, PAN y PRD resumió la estrategia para reactivar nuestra economía en una sola frase: “Más apoyos, menos burocracia y por supuesto, menos cargas impositivas”.
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