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Como si no tuviera suficientes frentes abiertos, el presidente López Obrador reiteró la semana pasada el “trato regulatorio preferencial” que había otorgado a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos sobre las empresas privadas en la producción de energía para el país y agregó que será reforzada con el carbón.    

Le expongo, señora secretaria, los antecedentes del caso para que conozca la magnitud de obstáculos que frenan el crecimiento distribución de energía:

El gobierno de México firmó convenios y contratos con empresas nacionales y extranjeras por una multimillonaria inversión en dólares para la producción de energías alternativas. Esas empresas privadas extraen petróleo del subsuelo nacional que el gobierno les compra por su extracción y uno de los puntos nodales de esos contratos consiste en que “quien llegue primero” tiene la preferencia de la distribución de la energía a la red, sin interrupciones y al mejor precio para el consumidor…

… Oportunidad que nunca disfrutan las empresas paraestatales.

Pero como a don Andrés le saca ronchas la Reforma Energética del gobierno de Enrique Peña Nieto que hizo posibles tales convenios, el mes pasado reunió a los órganos reguladores del mercado energético y les entregó un memorándum de 17 puntos que destaca el freno al otorgamiento de permisos a particulares, para que PEMEX y CFE dejen de ser los niños pobres del barrio en la comercialización de un recurso que a pesar de ser de la Nación, se le pretende expulsar del negocio.

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