Noemí Berenice Luna Ayala, Vicecoordinadora General del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, censuró el hecho de que, a casi dos años de que se celebrara en este recinto la aprobación de la “Ley 3 de 3 contra la violencia” y evitar que agresores y deudores alimentarios ocupasen cargos públicos y de elección popular, siga siendo letra muerta por situaciones como la del morenista Cuauhtémoc Blanco a quien, la Comisión Instructora, no procedió a retirarle el fuero pese a denuncias en su contra.
“¡No hay legislación que funcione si no se aplica! Anunciamos con bombo y platillo como un logro de las mujeres en la Legislatura pasada, la “3 de 3”. Aseguramos que no iba a llegar ningún violentador a ningún cargo de poder en ningún orden de gobierno y, apenas hace unos días, la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados impidió lo de Cuauhtémoc (Blanco)”.
“No estoy diciendo que sea un violador, lo que sostengo es que debería abrirse un proceso para investigar si lo es o no, y que ningún varón se ampare bajo el manto protector del fuero”, expuso la legisladora federal en el marco de una mesa de discusión con la periodista Adela Micha.
“¡Esa es la realidad! –acusó- lamentablemente, aunque tengamos a una Presidenta de la República, las mujeres seguimos sufriendo: 37 de cada cien ¡viven en pobreza! ¿de qué sirven los programas asistencialistas si no le damos la autonomía financiera a una mujer? ¡Jamás va a lograr ser independiente, si no tiene autonomía financiera primero!”.
Luna Ayala reconoció a su vez, que sigue sin conformarse el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva (integrado por todos los Grupos Parlamentarios) por los cuales, se ha logrado el consenso en favor de políticas públicas para las mujeres que, dijo, resultan ser las más afectadas en el actual contexto social de violencia, inseguridad, ausencia de programas y presupuestos para fortalecerlas.
Al respecto, Noemí Luna recalcó que el objetivo de la “ley 3 de 3 contra la violencia” (aprobada en la Cámara de Diputados el 30 de marzo de 2023 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de ese mismo año) es que ninguna persona deudora de pensión alimenticia, agresora sexual o que haya cometido violencia familiar, pudiera tener un cargo de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno, sea federal, estatal y municipal, a la vez que fue parteaguas para las postulaciones del proceso electoral del 2024.
Se trataba, resaltó, de dar un vuelco a la historia nacional impulsando profundos cambios en la manera de hacer política y de gobernar erradicando la violencia en contra de las mujeres y de las familias; de la construcción de nuevas formas de pensar y relacionarnos que no implicasen la superioridad de unos y la inferioridad de otras.
“Dignificar –expuso- las formas de gobernar y de atender desde el servicio público, poner límites a las desviaciones y perversiones del poder; reivindicar a la política y atender las demandas ciudadanas de ser representados por personas con convicciones y valores éticos que garantizaran que todos sus actos persigan el bien común; pero –lamentó- con esta mayoría artificial no lo estamos consiguiendo”.