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Aún antes del COVID-19 las compras de gobierno han sido severamente cuestionadas

Aunque en estos momentos la máxima prioridad es de tipo sanitaria tal parece que se aprovecha la coyuntura para reafirmar los vicios en las compras de gobierno.  

En la Delegación Veracruz Norte del IMSS, a cargo de María de Lourdes Carranza Bernal, deberán estar muy atentos para garantizar que los cartuchos de impresión que adquieran se apeguen a sus requisitos de calidad, sobre todo ante la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial por el COVID-19, y en donde el instituto es pieza clave para el combate.

Resulta que siete de las 11 interesadas en la licitación LA-050GYR014-E93-2020 ofertaron cartuchos que todo indica serán remanufacturados y reciclados marca Lexmark, que en México lleva Issac Bessudo, a pesar de que la especificación de las autoridades era que fueran nuevos.

El fallo está programado para este 1º de abril, por lo que la encargada de Abastecimiento y Equipamiento, Ana Laura Puig Lagunes, habría de consultar a su homólogo en Tamaulipas, David Cano Córdova, quien detectó el mismo modus operandi en el proceso LA-050GYR018-E696-2019 y decidió declararlo desierto.

Así, en las instalaciones jarochas del IMSS, que a nivel nacional comanda Zoé Robledo, han dado muestra de su apego a la legalidad y que no comprarán ni a sobrecostos ni a gato por liebre, y para prueba están los 208 mil tapabocas que no adquirieron debido a que presentaban sobreprecio de hasta 400%.

Mientras tantos, fuentes veracruzanas aseguran que en la Delegación Norte comienzan a escucharse expresiones de descontento contra las siete proveedoras que no se apegaron a los requisitos, sobre todo por los momentos de necesidad que se viven en el país, ya que en condiciones regulares el IMSS expide 217.8 millones de recetas anualmente, por lo que en las condiciones actuales se espera un repunte de las mismas, así como de trámites administrativos vía electrónica.

La ruta del dineroComplicada situación, por decir lo menos, se vive en el Hospital General Manuel Gea González, que encabeza el Dr. Octavio Sierra Martínez. Además de haber sido declarado hospital COVID-19, le cuento que el Titular del Órgano Interno de Control, José Luis Gutiérrez Fragoso, desde su llegada a esta institución de salud, se dio a la tarea de emprender una cacería en contra de todo aquel funcionario que se pusiera en su camino. En especial, en lo referente a licitaciones y adquisiciones.

La pregunta obligada es si tendrá “intereses” en cada uno de los procesos que implique erogación de recursos. Gutiérrez hasta el momento, les ha fincado responsabilidades a siete servidores públicos, entre los que destacan la directora de administración, los subdirectores de servicios generales y de Recursos Materiales, y hasta las jefas de Dietología y del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI); los procedimientos que este personaje ha abierto son bajo argumentos que los colaboradores del Gea González califican de, por decir lo menos, ridículos. La opinión de los galenos es que el funcionario actúa fuera de las atribuciones que la ley le otorga, y le adelanto que será una sorpresa para Gutiérrez Fregoso que varias de sus víctimas irán por la contrademanda, al considerar que es injusto el actuar del contralor. Ya le contaré. 

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