Por Lourdes Aguilar
Los juicios de amparo “para frenar” el proyecto de construcción del aeropuerto civil-militar Felipe Ángeles (Santa Lucía) son promovidos por un grupo reducido de personas ligadas al poder empresarial, para poner por delante sus intereses económicos sobre los colectivos.
Al denunciar lo anterior, la diputada Dolores Padierna Luna (Morena), vicepresidenta de la Mesa Directiva, afirmó que “Por información pública, sabemos que una buena cantidad de esos amparos están siendo promovidos por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y por algunos ciudadanos opuestos a la cancelación definitiva del proyecto de Texcoco”.
Lo anterior, porque en días recientes, el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó suspender indefinidamente la terminal aérea de Santa Lucía, en tanto no concluya uno de los seis juicios de amparo que presentó el colectivo #NoMasDerroches y determinó mantener las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, Estado de México.
“Si esos amparos hubieran sido solicitados por organizaciones ambientalistas, colectivos de vecinos de la zona, pueblos originarios o personas que presumieran algún tipo de afectación a sus derechos, estaríamos hablando de un interés legítimo, cuya motivación fuere precisamente someter a un control judicial las decisiones del Ejecutivo”, enfatizó.
Lo cual, generaría “un verdadero contrapeso en aras de la defensa y protección de los derechos humanos”.
Padierna Luna insistió en que “el supuesto interés legítimo de los promoventes de los amparos no existe; existe más un interés ilegítimo”.
“El Poder Judicial deberá analizar la pertinencia de lo que motiva a los amparistas y salvaguardar los derechos por encima de los intereses de personajes ligados al PRI y al PAN que hoy, ante la incapacidad de constituirse como oposición seria, han optado por una suerte de sabotaje legal contra un proyecto de gran importancia para el país”, subrayó.