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Por Lourdes Aguilar/

Ante la urgencia de conocer todo lo relacionado con los hechos violentos ocurridos en Culiacán, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, adelantó que la Junta de Coordinación Política podría adelantar la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, la cual esta programada para este 31 de octubre.

Dijo que en su calidad de representante de los diputados, solo le queda pedir al Ejecutivo informe al congreso sobre las determinaciones que tome en cualquier situación que acontece en el país.

Afirmó que dada la gravedad de lo que sucedió la semana pasada en Culiacán, el Congreso deberá ejercer sus facultades, porque de esta manera se ejercerá la ley, y que es precisamente por eso que el Secretario Durazo, está citado a comparecer en el marco de la glosa del informe de gobierno del presente López Obrador.

Por otra parte, anunció que transparentará de manera mensual y detallada los recursos que se asignan a la Presidencia de la Mesa Directiva, a través de la página de internet.

“En unas dos semanas, tal vez menos, haré transparentes los recursos que están a cargo de la Presidencia de la Mesa Directiva de manera detallada. Esto es una práctica que yo he hecho todos los años como legisladora, siempre han estado publicadas las prerrogativas, cómo las he usado, y ésta no es la excepción”, comentó.

La diputada presidenta hizo el anuncio durante la firma del convenio general de colaboración entre la Cámara de Diputados y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Asimismo, afirmó que es necesaria una reforma legislativa para que el Congreso de la Unión tenga representación en el Comité Coordinador del SNA, “y muy probablemente estaré presentando una iniciativa para que así sea”.

Rojas Hernández subrayó que en México, la corrupción ha sido uno de los mayores obstáculos del desarrollo ya que no se limita a la pérdida directa de los recursos de los mexicanos, sino que también afecta a la economía a escala nacional, evita la generación de bienes públicos, daña los derechos humanos y mina la democracia.

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