En el quinto y último conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, senadoras, senadores y representantes de estos sectores analizaron temas relativos a los derechos de las audiencias, programación, publicidad y mecanismos de protección.
Armando Ayala Robles, de Morena, demostró que los medios tradicionales han enfrentado grandes retos en los últimos 10 años, principalmente por las redes sociales que juegan un papel importante como difusores de información, por lo que coincidió en regular, en todos los sentidos, a las plataformas digitales, al considerar que podrían no respetar los derechos de las audiencias al no estar sujetos a una legislación específica.
En representación del PAN, Agustín Dorantes Lámbarri aplaudió que se haya detenido el proceso legislativo de la nueva ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para escuchar las propuestas de los expertos y representantes del sector; Pidió que en verdad se tomen en cuenta los planteamientos de los conversatorios para contar con una norma que realmente garantiza el derecho a la información, la libertad de expresión, y se disminuye la brecha digital.
Por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota urgió a definir los mecanismos de defensa de los usuarios en la norma, pues la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, opinó, será “juez y parte” y podrá decidir qué es verdad, mientras que debido a su diseño jurídico de “poder absoluto”, podrá determinar a quién sanciona ya quién no, ya quién le quita o le permite una concesión.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, reconoció la participación de las y los expertos del sector invitados a los conversatorios y pidió que sus propuestas se vean reflejadas en la nueva ley; “Estamos en condiciones de poder hacer todos estos cambios y ese sería el verdadero éxito de estos ejercicios”, agregó.
La directora de Radio Tosepan Limakxtum, Nicacia Lino de Jesús, consideró que es necesario establecer en el artículo 10 del proyecto, el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a participar de forma integral en el ciclo de creación de contenidos, desde la producción hasta el archivo, y que se reconoce su derecho a una infraestructura pública digital para ello, “porque para estas comunidades no sólo es un medio técnico o de entretenimiento, es una herramienta fundamental para la vida”.