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Las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI hicieron un enérgico llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que discutan a la brevedad el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara que ya ha sido presentado, y no esperar hasta la próxima semana como ya se viene diciendo.

 El senador Alejandro Moreno Cárdenas señaló que este aplazamiento puede dar lugar a que Morena agilice su propuesta de reforma constitucional para tratar de frenar la impugnación y llegar a la próxima semana con una ley ya aprobada y argumentar una serie de pretextos como que ya no hubo tiempo para su análisis y todo ese tipo de cuestiones.

“Lo que queremos es que si ya se ha presentado el pleno, hay ocho ministras y ministros de la Suprema Corte que han manifestado siempre en distintas ocasiones ser un bloque en la defensa de la Constitución, es un asunto que se pudo haber discutido el día de hoy, se puede discutir el día de mañana, dado que Morena y el oficialismo está queriendo constituir rápidamente el aprobar las reformas que tienen y meter esa mal llamada reforma de la impugnabilidad para el tema de las reformas constitucionales”, enfatizó. 

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El presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, nos comenta que ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo a la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, entregaron su renuncia y declinación a participar en la elección extraordinaria de junio de 2025.

 Fernández Noroña aclaró que sólo Margarita Ríos Farjat desistió de sus haberes de retiro y quienes no participarán en el proceso de elección son: Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Norma Lucía Piña Hernández, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Juan Luis González Alcántara Carrancá y Ana Margarita Ríos Farjat. 

Mientras que las ministras que sí participarán en el proceso electoral son: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Alhf.

 Fernández Noroña aseguró que las renuncias se tendrán que poner a consideración del pleno del Senado, aunque mencionó que aún no hay fecha para ello.

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El dirigente del tricolor senador Alejandro Moreno Cárdenas, alertó sobre los gobiernos autoritarios que modifican a su antojo las constituciones, rompen el equilibrio de poderes, violan el Estado de derecho y no respetan los derechos humanos.
Ante dirigentes políticos de América Latina, el Caribe y Europa que participaron en el seminario “Debilitamiento del Estado-Nación y los Desafíos a la Gobernanza, organizado por la COPPPAL y la Fundación Omar Torrijos, el líder de los partidos progresistas del continente denunció la campaña de acoso y terror que desde el Estado mexicano se ha implementado contra el Poder Judicial de la Federación, en clara violación a la división de poderes, así como a los principios y valores de la democracia.
México, advirtió, es una nación que se encamina hacia una deriva autoritaria, donde se persigue a los opositores al régimen y el Poder Legislativo controlado por el oficialismo, busca asumir las funciones del Poder Judicial, una locura que está destruyendo las instituciones de la República.
En México, a partir de una mayoría legislativa absoluta, conformada violentando la Constitución y que se consolidó poniendo en práctica agresiones y chantajes, se está destruyendo al Poder Judicial y junto con ello, todas las garantías procesales del amparo, una verdadera locura contra la que el PRI está luchando. 
las debilidades de las democracias incompletas han sido bien aprovechadas por liderazgos populistas para ascender al poder, proponiendo soluciones más tangibles, monetarias generalmente. “Estas soluciones han embelesado a la gente socialmente más lastimada, para llevarlas a recorrer un proceso inverso al de construcción de ciudadanía, que la democracia también dejó incompleto, e iniciar el camino propio de la servidumbre moderna, rindiendo su voluntad al líder carismático que pronto se volvería autocrático”, puntualizó el presidente de la COPPPAL.
Los partidos políticos comprometidos con la democracia se debilitaron y las organizaciones construidas para soportar el populismo autocrático se fortalecieron, haciendo colapsar los sistemas de partido republicanos, comprometidos con la democracia. 
Esta circunstancia, indicó, ha otorgado al populismo autocrático mayorías electorales que le han permitido desmontar las instituciones de la República en favor de una hiper concentración del poder en el líder carismático. “Se lastima a los derechos humanos, se debilita al Estado de derecho, ya de por si comprometido por los embates de la globalización y sus propias insuficiencias, y se inviabiliza a la nación ante los retos que le presenta el transcurso geopolítico global, en redefinición”, manifestó.
Y denunció que los gobiernos carismáticos que asumieron el poder por la vía democrática traicionaron posteriormente su compromiso republicano y procedieron a modificar a su antojo las constituciones, rompiendo el equilibrio de poderes, los contrapesos, violando el Estado de derecho y los derechos humanos.

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Impulsa Waldo Fernández reforma para que ningún gobierno pueda negar el acceso a apoyo sociales
 Acusa al gobierno de Nuevo León de discriminación, por la falta de pago de pensiones a personas con discapacidad.
 El senador Waldo Fernández González propuso en el Senado de la República una reforma para que ningún gobierno pueda negar o limitar el acceso a los derechos, apoyos sociales o servicios esenciales para la población, sobre todo para grupos vulnerables como las personas con discapacidad.
Denunció que Nuevo León es uno de los pocos estados del país donde el gobernador se negó a firmar un convenio con la Federación para el pago de pensiones a las personas con discapacidad.
Por la falta de este convenio, desde hace tres meses quienes recibían 800 pesos mensuales no puede acceder a este apoyo, a pesar de que hay una partida presupuestal específica y autorizada por el Congreso.
De forma tácita, agregó, se trata de un acto de discriminación contra un sector específico de la población: las personas con discapacidad.
Para resolver este tipo de casos, Waldo Fernández presentó una iniciativa para modificar el artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de establecer una definición concreta de la discriminación por omisión, que tiene lugar cuando no se toman en cuenta las medidas o políticas públicas que permitan a todas las personas acceder a sus derechos.

El legislador explicó que actualmente muchas autoridades omiten el cumplimiento de políticas públicas dirigidas a garantizar un mínimo de bienestar para las personas vulnerables, a pesar de que están plenamente establecidas o de que son mandatos de los congresos locales o del Poder Legislativo Federal, “y no existe una sanción por esta discriminación por omisión”.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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