La ejecución de dos funcionarios cercanos a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, suscitó declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que “la violencia política en México es real”, al tiempo que anunció que viajará al país «en las próximas semanas» para afianzar la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Pero también aceptó que México tiene laboratorios para hacer fentanillo, droga que llega Estados Unidos, aunque comenta que desde. Su país salen muchas armas que son utilizadas para crear mucha violencia. En mabos casos, dijo es neceario actuar contra las mafias.
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La realidad alcanzó al “segundo piso” de la Cuarta Transformación. La semana negra que inició en Chiapas, con el asesinato del padre Marcelo Pérez, en San Cristóbal de las Casas; siguió en Sinaloa, donde los muertos se suman por decenas de septiembre pasado, y cerró con dos coches bomba que explotaron en los municipios de Jerécuaro y Acámbaro, Guanajuato y 19 muertos en Tecpán de Galeana, Guerrero. México está bajo fuego.
Informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señalan que en lo que va de octubre se han registrado más de mil 800 homicidios; un promedio de 74.6 asesinatos diarios. Sinaloa, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Jalisco encabezan la lista negra de la violencia en el país.
Además, la percepción sobre inseguridad en México al corte del tercer trimestre del 2024, registró que el 58.6% de la población urbana considera que vivir en su localidad es inseguro. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana(ENSU) del Inegi, destaca que Tapachula, Chiapas, se ubicó como la ciudad más insegura del país. El 91.9% de su población considera que vivir ahí es peligroso.
Un panorama nada halagador, pareciera que el crimen organizado les tomó la medida a los responsables de la seguridad nacional y los doblegó. En Guanajuato y Sinaloa mostraron el músculo y desafían al gobierno, luego del fracaso de la estrategia de “abrazos, no balazos” y a pesar del envío de fuerzas militares y de la Guardia Nacional, la violencia no cede, por el contrario, se recrudece.
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La senadora Lily Téllez asegura que Estamos viviendo los tiempos de la mafiocracia, de las vendettas políticas de los narcopactos, de la destrucción institucional, de la sumisión del ciudadano por las armas y por el poder político.
Tiempos de la bota, tiempos del cuerno de chivo y del mazo.
Anteayer en la capital del país dos funcionarios públicos fueron ejecutados en la calle a plena luz del día. Mis condolencias a sus familiares, que se suman al luto nacional de cientos de miles de víctimas de la violencia que ha provocado Morena.
Y no fue ninguna casualidad.
Es el resultado de un modelo mafiocrático donde las interacciones político-criminales se resuelven a balazos y se resuelven con ajustes de cuentas.
Sucede en la Ciudad de México donde ese modelo mafiocrático y clientelar ha sido enraizado por la izquierda por más de 30 años.
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“Esta es una farsa casi cómica, pero sobre todo es una farsa trágica para México, trágica para la República”, sentenció la senadora Carolina Viggiano Austria al denunciar, desde la Comisión Permanente, que la elección de jueces y magistrados promovida por el oficialismo representa un grave retroceso para el país y un atentado directo contra el Estado de derecho.
La legisladora hidalguense firmó que el proceso está viciado desde su origen, no sólo por sus inconsistencias legales, sino por su verdadera intención: imponer perfiles obedientes, sumisos y dóciles en el sistema judicial. “No hay incertidumbre de resultado, los resultados ya los tenemos, sólo faltan las elecciones, ya sabemos quiénes van a ganar. Van a ganar los que sí han dicho ‘yo voy a obedecer’”, advirtió.
Viggiano acusó que el proceso carece de legitimidad, operatividad y lógica democrática. Denunció que serán más de 20 mil millones de pesos tirados a la basura en una simulación inútil, cuando esos recursos podrían haberse invertido en fortalecer verdaderamente la impartición de justicia y la seguridad pública. “Es perder dinero y tiempo, más de 20 mil millones de pesos que pudimos ocupar en muchas otras cosas, en pagarles mejor a los policías, en tener un sistema de justicia, en muchas, muchas cosas”.