El presidente del Senado Gerardo Ferbánde informó que en febrero se presentará al pleno una lista para que se cubran las vacantes de magistrado de los Tribunales Electorales Locales, que es facultad exclusiva de la Cámara de Senadores.
Gerardo Fernández Noroña agregó que hay medio centenar de personas juzgadoras que habían declinado participar en la elección del primero de junio de 2025 y que se arrepintieron.
Como habían declinado perdieron el derecho a participar, pero para Fernández Noroña, conforme al espíritu de la Constitución tienen pase automático, por lo que si quieren participar se les permitirá hacerlo.
Esto se planteará en el pleno y se ampliará el plazo hasta el 15 de diciembre para que si hay más juzgadores arrepentido puedan participar.
Sin embargo, explicó el legislador que hay una veintena de personas con condiciones humanitarias que no fueron enviadas por el Consejo de la Judicatura, a las que no pueden responder psitivamente: “lo que estamos pidiéndole al Consejo de la Judicatura es que los ubique en una plaza que va a elección hasta 2027, para que quede trabajando de aquí al 2027 y también quede a salvo su derecho de tener pase directo en esa fecha en la segunda etapa de elección de las personas juzgadoras”.
El presidente de la Mesa Directiva explicó que no se ha dado el caso de que haya ministros arrepentidos.
Sobre el caso del senador Yunes Fernández Noroña dijo que su vida corre peligro, pues ha sido agredido y hay un “campañón” promoviendo la agresión en su contra.
Ante las preguntas de los reporteros, sobre si ya no podrán trabajar en el Patrio del Federalismo, el senador dijo que es una mejor ubicación la sala de prensa en el sótano dos porque no están a la intemperie.
Les dijo que si no se acomodan y se dificulta su tarea lo revisaran, para darles un lugar cerrado que sea adecuado para su trabajo.
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El senador Alejandro Moreno propuso ante el Senado de la República reformar la Ley de Planeación, con el propósito de incorporar el fortalecimiento de la gobernanza digital y el acceso universal de banda ancha e Internet en los principios de la Planeación Nacional de Desarrollo.
En su iniciativa, el legislador y dirigente nacional del PRI propone a partir del 2025, la Cámara de Diputados establezca en el Presupuesto de Egresos una partida presupuestal para el fortalecimiento de la gobernanza digital del Estado mexicano y la infraestructura pública para garantizar el acceso de banda ancha e Internet.
Dichos recursos, dijo, deberán aumentarse cada año de manera progresiva, con la finalidad de alcanzar el acceso de banda ancha e Internet de todo el país en el año 2030.
El fundamentar su iniciativa, el senador Alejandro Moreno advirtió que la era digital es una realidad ineludible, en un entorno en donde el uso de tecnologías de la información, la conectividad, el avance de la inteligencia artificial, el impacto de las redes sociales, la interconexión y el acceso al Internet, redefinen la manera en que vivimos, decidimos y nos comunicamos.
Estableció que el Estado no puede permanecer al margen de esa transformación digital; de ahí que consideró urgente y necesario que los gobiernos incorporen en su planeación de desarrollo el enfoque de la digitalización, el uso de las nuevas tecnologías y el acceso de banda ancha e Internet como elementos fundamentales en la construcción de bienestar.
El líder del tricolor Alejandro Moreno recordó que el pasado 22 de septiembre de 2024, la Asamblea General de la ONU, en el marco de la adopción del Pacto para el Futuro, aprobó un anexo denominado el Pacto Mundial Digital.
En ese documento, indicó, se establecen compromisos y acciones de los países para garantizar que las tecnologías digitales contribuyan al desarrollo sostenible, la protección de los derechos humanos en el entorno digital, la promoción de una Internet inclusiva, segura y accesible para todos, al tiempo que aborda riesgos como las brechas digitales, la ciberseguridad y el uso indebido de la tecnología.
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el sexenio de Cuitláhuac García porque Veracruz estaba más caliente que nunca con un grado de inseguridad al rojo vivo, a días de su salida remato con el asesinato del diputado federal, Benito Aguas del partido Verde, aliado de Morena, lo que destapó el coraje de legisladores ecologistas.
Manuel Velasco, coordinador de la bancada de senadores del Verde, exigió el esclarecimiento de ese cobarde crimen y llevar a los responsables ante la justicia y sobre ellos caiga todo el peso de la ley.
Cuitláhuac García fue un gobernador como el de Chiapas, Rutilio Escandón que dejaron esas dos entidades echas pedazos con un grado de inseguridad mayúsculo y con una ingobernabilidad a todas luces. Fueron apapachados por el entonces Presidente López Obrador y eso les valió para escabullirse en su irresponsabilidad. Hoy se quedaron huérfanos.
Con justa Razón Manuel Velasco señaló que la hoy gobernadora de Veracruz, Roció Nahle está heredando un grave problema de inseguridad de la administración de Cuitláhuac. Sin embargo, van a poyarla para mejorar el rumbo de ese estado.
Y desde luego que harán lo propio con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez que asumió el finde semana ese cargo, y también, como Veracruz heredó un estado grave de inseguridad que dejó el saliente Rutilio Escandón.
Como dato, redobló en Chiapas la inseguridad en un 300 por ciento, desmanteló, Rutilio con su incapacidad la tranquilidad que se vivía en el sexenio pasado del 2012 al 2018 que dejó Velasco. Hoy Chiapas está tomado por la delincuencia ante la pasibilidad de un gobernante que vivía, sin duda del apacho de López Obrador. Ni obras, ni avance, solo retroceso.
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El Senado aprobó, por mayoría, elevar a rango constitucional la prohibición del uso de los vapeadores, de cigarrillos electrónicos y el uso ilícito del fentanilo.
En la reforma se especifica que para garantizar el derecho de protección a la salud la ley sancionará toda actividad relacionada con los dispositivos electrónicos como cigarrillos y vapeadores, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas.
Determina que también están prohibidas la profesión, industria, comercio interior y exterior, trabajo o cualquier otra actividad relacionada con dichas sustancias.
La iniciativa aprobada establece que el Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico de las leyes relacionadas con el contenido del decreto, en un plazo de 180 días a partir de su entrada en vigor.