Alejandro Moreno, es el único y verdadero partido de oposición, que defiende los derechos y libertades de los mexicanos, luego de que los legisladores federales del tricolor demostraron una vez más que se mantienen firmes y unidos, al votar en contra de la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa en el Congreso de la Unión.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido destacó que en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, el PRI dejó en claro su rotundo rechazo a esa reforma, y advirtió que, con fiscalías poco confiables y jueces de tómbola, se traducirá en violaciones a los derechos humanos.
Con la reforma al Artículo 19 de la Constitución, en materia de prisión preventiva oficiosa, se acabó la presunción de inocencia en México, y “podrás ir a la cárcel si le resultas incómodo al gobierno”, expresó la dirigencia nacional del tricolor.
Estableció que después de que el resto de los partidos de oposición en el Senado de la República votaron divididos, sumándose a Morena y sus aliados en torno a esa reforma, el PRI mantuvo la unidad y sus legisladores votaron todos en contra.
En ese marco, el CEN del PRI recordó que a través de sus grupos parlamentarios en ambas cámaras del Congreso de la Unión, “votamos en contra de la tómbola de juzgadores de Morena, porque estamos convencidos que la justicia es un asunto que merece seriedad y que no puede convertirse en un circo”.
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Un verdadero enigma, de los dirigentes del Frente Cívico Nacional, encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, quien fuera presidente del PRD, y cuyo objetivo es convertir al Frente en lo que no quisieran etiquetar como partido político, entendemos por el desdoro, la mala fama, el desprestigio y demás negativos que, las malas prácticas de sus dirigencias, han acabado con la credibilidad y confianza en estas organizaciones, pero que, por ley, tienen que aceptarlo.
Aunque lastimado y distorsionado el noble concepto de esas instituciones, de acuerdo con la ley, son el único medio para que los ciudadanos tomen parte en los asuntos políticos del país y puedan acceder a cargos de elección popular.
La Ley General de Partidos Políticos establece que son entidades que “tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.”
Y es, precisamente esto último, el acceso al ejercicio del poder público, la mayor motivación de las dirigencias y la explicación de los secuestros que hacen, algunos, de sus partidos, para tener control absoluto y utilizarlos con fines personales.
El desvío que esto significa de los documentos básicos de los partidos que, por lo general, están llenos de buenos propósitos, es lo que ha dado al traste con la credibilidad y prestigio de estas organizaciones y el consecuente desánimo, desinterés y rechazo ciudadano
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El coordinador Rubén Moreira Valdez resaltó la importancia que tiene el estado de Jalisco en la economía de México, por la producción que genera en el sector agrícola y pecuario, así como por los ingresos de exportaciones, razón por la cual aseguró que es inaceptable el maltrato que recibe de la Federación en la asignación de Presupuesto para 2025.
Acompañado de la dirigente del PRI en estado de Jalisco, Laura Haro, la coordinadora de la fracción priista en el Congreso local, María del Refugio “Cuquis” Camarena y de presidentes municipales de esta entidad, el líder congresista señaló que el gobierno federal tendrá remanentes en el Banco de México producto de la diferencia cambiaria del dólar con el peso y que está guardando bolsas.
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Nos dice el abogado Miguel Carbonell que es lamentableelnivel del debate parlamentario sobre la prisión preventiva oficiosa.No cabe duda, señala que la ignoerancia es atrevida.
Se está ampliando algo que fue señalado como incomvencional por la Corte Interamericana de derechos Humanos. Es lamentable.
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Y se soigue mencionando que como arte de magia aparecen 40 mil interesados en ser jueces, magistrados o ministros de la Corte, es decir que el fin de semana se inscribio uno cada 4 segundos. La nomina de los aspirantes era muy baja, hasta que recibieron línea en el sentido de que obligaran a los abogados de las depdencias a inscribirse. Por cieto, si se revisa los listado se ve que el nepotimso esta presente en forma importante.
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El PRI señala que están en contra del dictamen por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos (LFD), parte del Paquete Económico 2025, la senadora Cristina Ruiz Sandoval expresó su preocupación sobre su contenido porque falta claridad en la asignación de recursos especialmente en el artículo 18 A, que contempla el destino de un 33% de los ingresos generados por derechos a la tesorería federal sin una finalidad específica.
Dijo que ese 33% que no tiene un destino podría ser utilizado para financiar programas sociales urgentes, como el apoyo a mexicanos deportados o para la compra de medicamentos oncológicos y vacunas, “que se destine para las y los mexicanos y no solo se guarde en la Tesorería de la Federación”.
La legisladora del PRI dijo que tampoco queda claro cuál es el destino de los ingresos provenientes de los Derechos sobre el uso de áreas naturales protegidas, la minería, los derechos marítimos y otros conceptos. “Esos recursos se deben destinar para reparar los daños por la explotación de nuestros suelos, se debe hacer un amplio ajuste a los derechos para aeropuertos, zonas marítimas y espacio aéreo mexicano. Pero deseo que estos cambios no afecten a la industri
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Es claro que Morena y sus aliados no quieren contrapesos, advirtió la Senadora panista Guadalupe Murguía Gutiérrez, al afirmar que las siete instituciones, órganos autónomos, que se quieren desaparecer constituyen “pilares fundamentales de la gobernabilidad y su eliminación atenta contra los derechos ciudadanos”.
Al presentar una moción suspensiva, a fin de detener el trámite de dictamen de la reforma constitucional de simplificación orgánica, estimó que además de ser autoritaria puede significar graves consecuencias ante el incumplimiento de compromisos internacionales, como el T-MEC.
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