Durante la aprobación en comisiones unidas de la reforma en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, los senadores del PRI, Néstor Camarillo Medina y Claudia Anaya Mota, se pronunciaron en contra de la creación de la Plataforma Única de Identidad, que integrará y centralizará información clave para la identificación de ciudadanos y residentes en México, la cual se basará en el fortalecimiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP), incorporando datos biométricos como fotografía y huellas dactilares.
Ambos legisladores advirtieron que estos mecanismos representan una medida de control político, vigilancia masiva y un riesgo grave para la protección de datos personales. “No estamos a favor de la plataforma única de identidad, no a que el gobierno tenga nuestras huellas, la de nuestros hijos, la de nuestras familias”, sentenció el senador Néstor Camarillo.
Al confirmar el voto en contra del PRI, advirtió: » No vamos a permitir que el oficialismo convierta nuestros datos en un arma de persecución política . Se trata de una propuesta disfrazada de modernización, pero en el fondo lo que estamos viendo es que es un control». Cuestionó además la falta de diálogo con las víctimas: “Pareciera que aquí ya nos cansamos de escuchar”.
Camarillo subrayó que en México hay más de 129 mil personas desaparecidas y lamentó la indiferencia institucional frente a los llamados del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Exigió que se escuche a las madres buscadoras ya los colectivos antes de avanzar con una reforma que ha sido rechazada por más de cien organizaciones. «Debemos ser herramienta para todos y para todos ellos. No podemos permitir que le pongamos nombres bonitos a las leyes, pero que se escondan otro tipo de multas», remató.
Por su parte, la senadora Claudia Anaya Mota calificó como una crisis humanitaria la situación actual de desapariciones en el país y exigió atender las verdaderas demandas de los colectivos. “En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo 52 mil desapariciones, con él se perdieron 26 personas al día, y para el mes de mayo de este 2025 se perdieron 45 al día. Si esto no es grave, si esto no es una crisis humanitaria, no entiendo yo lo que es”, dijo.
Denunció que el dictamen fue presentado sin incorporar propuestas clave de las organizaciones, como el cambio en el tipo penal de desaparición cometida por particulares, o el fortalecimiento real de las comisiones de búsqueda.
Subrayó que más de 100 organizaciones manifestaron públicamente su rechazo, por lo que llamó al Congreso a no legislar de espaldas a las víctimas. “Si nosotros no andamos en los cerros buscando a la gente, ¿qué nos hace creer que somos los todólogos que sabemos que esta ley es lo que las personas necesitan?”, dijo.
Anaya denunció que el Estado ha trasladado su responsabilidad a las madres buscadoras: «Andan con sus recursos, moviéndose de un lado a otro para poder encontrar a los familiares. Los principales hallazgos de fosas clandestinas han sido encontrados precisamente por madres buscadoras y no por una autoridad».
La legisladora priista criticó que la Comisión Nacional de Búsqueda no tiene facultades ministeriales ni presupuesto, ni cuenta con personal capacitado ni sensibilizado. “¿Acaso el Gobierno ya renunció a su obligación?”, cuestionó.
Sobre la CURP biométrica, advirtió que se trata de un mecanismo de control que obligará a los ciudadanos a entregar todos sus datos personales para poder realizar cualquier trámite. “Esta CURP es obligatoria para todos los trámites gubernamentales, sino la tienes te vas a quedar estancado en el sistema burocrático estatal”.
La legisladora zacatecana lanzó una clara advertencia sobre el riesgo de dejar estos datos en manos del poder: “¿Cómo van a salvar nuestros datos personales si no hay ya un instituto autónomo que pueda regular o sancionar el mal uso? ¿Tienen ustedes la certeza de que no se ha hackeado, de que no será mal utilizado? Recordemos el caso del fiscal Veytia en Nayarit: desde la fiscalía se organizaban los secuestros. complicidad y colusión con la delincuencia organizada no protege al ciudadano, lo pone en riesgo”.