La acción sesgada con que diversos tribunales proceden contra el Grupo Salinas que encabeza Ricardo Salinas Pliego es una clara advertencia al sector empresarial: nadie ose criticar o contravenir las órdenes del supremo gobierno, y menos si son de tipo tributario, pues dado el estado famélico en que dejó Andrés Manuel López Obrador las arcas públicas y el debilitamiento de la economía, urgen políticas extractivas para mantener un exorbitado gasto público, las ilusiones palaciegas y los programas electorales disfrazados de asistencia social.
La orden obradorista de ignorar su propio marco legal para realizar una doble cobran quedó expuesta en la decisión de los integrantes del décimo tribunal colegiado de lo administrativo del primer circuito: los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López, negaron la semana pasada a Elektra el amparo contra una doble cobranza sin considerar los impedimentos procesales para esa extracción. Su alineación hacia las instrucciones de un proyecto político (y de sus intereses en lo personal) sólo hace temer que, tras la fársica elección del poder judicial, los derechos de los contribuyentes son irrelevantes.
Vaya, la negativa de otorgar el amparo omitió de manera dolosa lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2012, año en que se originó el crédito fiscal de Electra; se violó el debido proceso al negar el amparo en vez de enviar el asunto a un tribunal distinto, tal y como marca el canon ante la existencia de impedimentos procesales; por si fuera poco, el sesgo del tribunal reveló un patrón alarmante para favorecer al gobierno en cualquier cobranza sea o no sea fundada.
Usando el argot de la abogacía, ese tribunal “chicaneó” para torcer la sentencia y así “castigar” a un empresario que no se ha guardado sus críticas ante los errores, fallas y abusos durante 7 años de gobierno; un empresario que encabeza una televisora, TV Azteca, que a través de su cobertura informativa ha revelado verdades incómodas para las ansias totalitarias del Partido Morena ahora encomendado a Andy y a María Luisa Alcalde.
El caso será llevado por Elektra a la Suprema Corte de Justicia, a fin de preservar sus derechos y, con ello, abanderar los derechos de todos los contribuyentes.
Quien sabe sí ministros elegidos por acordeón y con 91% de abstencionismo actúen conforme a la ley o por consigna política a fin de amedrentar a mujeres y hombres de negocios.
Y en caso de que el castigo político se imponga a Grupo Salinas, la extracción de 2 mil millones de pesos solo cubriría 4 días de pérdidas de Pemex… la petrolera que dejó en calidad de fiambre Octavio Romero, el mismo que ahora busca legalizar la invasión de casas de Infonavit.
Pemex rehúye a sus acreedores
El Huracán Eric, aunque no tocó Acapulco, fue la excusa perfecta para que Víctor Rodríguez evitase asistir al Congreso Mexicano de Petróleo. Se entiende que no haya asistido la gobernadora Evelyn Salgado, acuartelada y previendo contingencias.
Pero Rodríguez Padilla no llegó ni a la inauguración. Y es que dueños y directivos de compañías del sector están “calientitos” por tantas promesas incumplidas de pagos. Pero además ya se formó una “tormenta de cobranza”: al reclamo de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac) que lleva Rafael Espino, también se unió a la Cámara Mexicana de la Industria de Transporte Marítimo (Cameintram) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
La advertencia es clara. Si la paraestatal no cubre adeudos habrá paros de actividades principalmente de pequeñas y medianas empresas que le siguen dando servicios. Dicen que sobre advertencia no hay engaño.
Y bueno, Rodríguez Padilla envió en su lugar a Nestor Martínez, el malogrado director de Exploración y Producción que ahora hace “algo” como asesor del director general y que disertó sobre las bondades éticas de ser ingeniero.
Gami-Indi precisan
La empresa que dirige Manuel Muñozcano envía cordialmente las siguientes precisiones y afirmaciones sobre lo aquí escrito sobre el papel que Gami-Indi juega en la construcción de la Línea K del Tren Interoceánico entre Ixtepec, Oaxaca, y Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Afirman que avanzan conforme a lo previsto y se concluirá en tiempo y forma. Que el contrato del consorcio es por 24,100 millones de pesos y no por 44 mil 677 millones, correspondiendo solo un tercio a GAMI. Señalan que resulta falso que Grupo Indi ya no funja como constructor o que sólo se dedique a subcontratar servicios, y que el modelo del concurso lo diseñó el cliente (la Secretaría de Marina) por lo que un contratista no puede armar subcontratos de obra a modo.
Cordialmente se le informa que en el reporte de obra a este junio es de 65%. Hay más cordialidades.
O’Farrill y los EFOS
Vaya cosa: pues resulta que Ernesto O´Farrill Santoscoy, conforme a datos fiscales, habría obtenido entre 2017 y 2022 más de 12.9 millones de pesos atribuibles a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, o EFOS. Entre ellas está
Optimización Dalga, identificada oficialmente por el SAT como facturadora de operaciones simuladas, pero siendo su mayor ingreso por sueldos y salarios en 2018 la firma Sófocles Servicios y Administración, también EFOS. Y así otras compañías como Administración de Negocios Alcántara, Corporativo Administrativo Empresarial del Bajío, y Venalicium & Professionalem MK, entidades con características típicas de nombres similares y fechas de constitución idénticas.
Los datos muestran que, a partir de 2018, las declaraciones fiscales del especialista ya no vinieron de Bursamétrica de donde es director, sino de padrones de empresas “no localizadas”: TSADEH, Yamelly, Emprendedora Rafiki Zade y Ensesa Inteligencia en Servicios Empresariales.
Este tipo de transacciones dejan con el alma colgada de un hilo a cualquier inversionista.
Dieguito, a comparecer
El llamado de la diputada de MC de Jalisco, Gabriela Cárdenas, es que el alcalde de Tequila, el hoy “huido” Diego Rivera Navarro, comparezca ante el Congreso del Estado por la ocupación ilegal que ha hecho del Museo Nacional del Tequila -razón por la cual la FGR de Alejandro Gertz fue a detenerlo con asistencia de la Guardia Nacional- y por los ataques a la Libertad de Expresión.
La detención de Jorge Alberto García, camarógrafo de N+ que filmaba el operativo, es uno de los muchos casos de arbitrariedad del alcalde morenista… que, desde la sombra, mandó clausurar la Tienda Elektra del municipio tras un reportaje transmitido por TV Azteca.
Así los “señores feudales” del segundo piso.
@mfloresarellano