En la reforma político-electoral de 2014, fueron abrogadas la Ley Federal de Radio y Televisión (1960), la Ley Federal de Telecomunicaciones (1995) y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (2008). Pero “en ninguna de estas leyes se prohíbe que las cadenas mexicanas de radio y televisión transmitan mensajes provenientes del extranjero sobre ideas o políticas tomadas por gobiernos extranjeros para sus propios territorios. Lo que “sí prohíbe es que personas o grupos compren espacios en el extranjero para promover actos o aspiraciones electorales de políticos mexicanos”.
Además, confirmaron que la cita realizada por la Presidenta Sheinbaum hacía referencia al artículo 256 de la Ley Federal de Radio y Televisión abrogada en 2014, pero esta ley sólo tuvo 107 artículos vigentes.
Poe cierto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dio a conocer que el miércoles 23 de abril, el Senado aprobará la iniciativa enviada por la titular del Ejecutivo Federal para prohibir la difusión de propaganda extranjera en México.
Aseguró que este día llegará el proyecto al Senado de la República y que la Junta de Coordinación Política aprobará un acuerdo para que se discuta y apruebe en comisiones, así como en el Pleno, por lo que “mañana mismo lo estaríamos aprobando y enviando a la Cámara de Diputados”.
El senador confió en que esta iniciativa se aprobará por unanimidad, pues “no creo que haya un solo grupo parlamentario que se oponga” a la restitución de esta disposición; “es algo que ya estaba en la ley”.
Gerardo Fernández Noroña calificó como “una majadera intromisión”, absolutamente racista, clasista e infame, la campaña que el gobierno de Estados Unidos a difundido en medios mexicanos, particularmente en la televisión, en contra de los migrantes.
El gobierno de ese país, se olvida que los migrantes, no sólo mexicanos sino de todo el mundo, han contribuido a la riqueza de Estados Unidos y que ningún ser humano es ilegal.
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El senador panista, Ricardo Anaya Cortés, pidió que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, comparezca en comisiones antes de que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se vote en el pleno, como lo mandata la Constitución.
De acuerdo con el artículo 76 de la Constitución, les corresponde aprobar la estrategia, pero previa comparecencia del titular de la Secretaría del Ramo.
Ricardo Anaya explicó que los panistas se encuentra en el análisis del documento. Los cuatro ejes les parecen acertados, sin embargo, el diagnóstico está mal hecho, porque ellos siguen con la trampa de aumentar el número de desaparecidos para poder de manera artificial disminuir el número de los homicidios.
“O sea, insisten en engañar a la gente con el cuento de que están bajando los homicidios, pero lo que no le dicen a la gente es que los están pasando a la categoría de desaparecidos”, señaló.
En segundo lugar, dejó claro que el tema de los desaparecidos es apenas un pie de página en la estrategia, siendo que está absolutamente fuera de control.
Por esta razón, el senador Anaya manifestó que el secretario García Harfuch debe responder una serie de preguntas, tanto del diagnóstico como de los ejes que plantea esta estrategia.
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“La administración de justicia no puede estar subordinada a coyunturas ni al poder político”, afirmó la abogada Marisela Morales Ibáñez durante su participación en la conferencia magistral “Los retos de la administración de justicia ante la transformación nacional”, organizada por la Universidad Latina, Campus Sur.
Ante un auditorio de estudiantes, académicos, juristas y ciudadanos, la también candidata ciudadana a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) compartió su visión sobre los desafíos que enfrenta el sistema judicial en un país en proceso de transformación, destacando la urgencia de construir una Corte independiente, imparcial, con perspectiva de derechos humanos y verdadera cercanía social.
Con una trayectoria de 30 años en el servicio público y en el sistema de justicia, la Dra. Morales enfatizó que la legitimidad del Poder Judicial sólo puede sostenerse si se basa en el profesionalismo, la transparencia, el acceso efectivo a la justicia y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.