Dice el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña que la justicia no tiene nombres y alega que será una distribución de la riqueza expedita si logran su objetivo de que haya una justicia imparcial y sólida.
Así nos comenta el senador al preguntarle el costo de la elección de jueces y magistrados, que será 50 por ciento mayor a la elección presidencial de éste año.
Ya se conoce la lista de personas que han declinado y sus motivos, porque no quieren participar. Muchos de esos abogados que tienen jerarquía no quieren aprobar los cambios constitucionales, porque todo el proceso legislativo fue un tiradero.
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El coordinador de la diputación de Morena, Ricardo Monreal alzó las manos en señal de triunfo por la aprobación de la reforma para evitar que sean impugnadas las reformas Constitucionales.
El diputado morenista Sergio Gutiérrez ofreció la votación de 340 a favor y 133 en contra, en un pleno que no llenó los 500 que lo integran.
Morena y sus aliados tienen de sobra los dos tercios (334 de 500) que por ley les piden para aprobar las reformas Constitucionales, se pueden dar el lujo, como ocurrió ayer de tener faltantes.
Morena no tendría el mínimo problema para sacar esta reforma que, puede apostar, que este fin de semaa, estará aprobada por los 17 congresos locales que necesita para que la Presidenta Claudia Sheinbaum pueda promulgarla.
Es la mecánica que ha usado el partido oficial para sacar en Fast Trak las reformas Presidenciales en tiempo récord, pues basta recordar que el Congreso de Oaxaca fue el primero en sesionar en plena madrugada, algo histórico, para aprobar, minutos después que lo hizo el Congreso de la Unión, la reforma al Poder Judicial.
El problema que enfrentaba Morena era en el Senado de la república, donde su bancada no alcanzaba los 86 votos que le piden como requisito para aprobar las Constitucionales, pero con la jugada perversa del líder Adán Augusto, logró comprar, para todo el sexenio, el voto de oro del panista Miguel Angel Yunes, y finalmente pudieran contra con la cifra de panzazo.
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Nos aseguran que el gobernador de Nuevo León, Samuel García pierde terreno por las severas acusaciones en su contra de probables extorsiones de su gobierno a empresarios de la entidad. De la noche a la mañana le aparece un terreno con valor de 700 millones de pesos, en el rico municipio de San Pedro Garza y no explica como lo consiguió.
Pesan sobre él, acusaciones de familiares y los diputados locales del PAN y del PRI que han sido presionados y amedrantados con auditorías y clausura de sus establecimientos, empresariales o comerciales.
La derrota de su esposa Mariana Rodríguez que impulsó para la presidencia municipal de Monterrey, permitió aclarar la contienda para la gubernatura del 2027.
Anote los dos punteros, por el PRI, el ganador de la presidencia municipal, Adrián de la Garza y por Morena, Waldo Fernández, el mismo que logró el triunfo de la fórmula al Senado.
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Las suplicas de los consejeros del INAI con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela en su pasada reunión difícilmente destrabarán la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum de desaparecer los autónomos.
La consejera Julieta del Río si bien consideró que es una buena señal que las haya recibido la responsable de la política interna del país, no quiere decir que sea un si a quedarse como autónomo.
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El Senado aprobó los nombramientos de Maday Merino, Maribel Concepción Méndez, Ana Patricia Briseño, Andrés Norberto García Reppery, María Gabriela Sánchez como integrantes del Comité de Evaluación, pese
a las críticas de lo posición. Morena impuso su mayoría. Garcia Repper, u n o de los elegidos, ya es polémico, pues está relacionado con la filtración del examen de consejeros del INE a la hermana de Luisa MaríaAlcalde,un escándalo que la oposición ha señalado como muestra de manipulación. La jugada de Morena refuerza su control sobre los órganos evaluadores, sin ceder espacio a la pluralidad.
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“Pese a señalar el riesgo de atentar contra la separación de poderes, la soberbia nublo al oficialismo; y sin medir consecuencias para el país, aprobaron sin escrúpulos la reforma que inhabilita las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, así como el juicio de amparo en las adiciones y reformas a la Constitución”, expresó el diputado federal, Alejandro Domínguez.
El integrante del Grupo Parlamentario del PRI advirtió, como lo haría Heberto Castillo, “Si la Constitución no protege al pueblo, será olvidada y se abrirá la puerta a un Estado autoritario”; puesto que la concentración de poder y el debilitamiento de las instituciones, son una alerta sobre el riesgo de que México se desvíe hacia un autoritarismo encubierto, despojando a los ciudadanos de sus derechos y garantías.
Reiteró que el PRI, seguirá rechazando cualquier intento de convertir la Carta Magna en una herramienta de autoritarismo; ya que su partido construyó durante décadas el andamiaje para que se garantizara que los de derechos fundamentales no se anularan ni suprimieran.
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La bancada de Movimiento Ciudadano se ausentará esta tarde de la sesión del Senado de la República en la que se hará la declaratoria de constitucionalidad de las reformas a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna que establece que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución.
La Bancada Naranja considera que esta reforma es nociva para México porque prohíbe tajantemente la revisión de la Constitución, lo que hipoteca el futuro de esta y las próximas generaciones al quitarles el derecho a proteger la Carta Magna.
La reforma de Morena le da un poder ilimitado al Poder Legislativo pues ninguna reforma constitucional -por más disparatada que sea- podrá ser impugnada ante el Poder Judicial. La población mexicana queda desamparada ante el ejercicio irresponsable y el abuso del poder.
El bloque oficialista confunde las facultades de un poder constituyente con las del poder reformador. Morena actuó como poder constituyente y se autoadjudicó un poder ilimitado para evitar que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación eche abajo la reforma judicial que somete a elección popular a todas las personas juzgadoras.