El dirigente priista Alejandro Moreno Cárdenas, presentó una iniciativa para ampliar la definición de «personas políticamente expuestas» acorde a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de dar mayor certeza jurídica a su aplicación y estandarizar los procedimientos de supervisión en el sistema financiero.
Es inaceptable que quienes ocupan posiciones clave en el poder puedan realizar operaciones sospechosas sin que haya mecanismos de supervisión claros. La banca debe ser un actor activo en la prevención de estos delitos, no un simple espectador”, subrayó Moreno Cárdenas.
“La lucha contra la corrupción no es solo un compromiso político, es una necesidad urgente. Si queremos instituciones fuertes y confiables, debemos garantizar que quienes manejan recursos públicos no puedan ocultar transacciones bajo esquemas opacos o fuera de control”, sostuvo el senador del estado de Campeche, Alejandro Moreno.
La iniciativa establece la obligación de las entidades financieras de reportar todas las operaciones realizadas por personas políticamente expuestas cuando el monto sea superior a 450 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, impone la responsabilidad de implementar mecanismos de monitoreo continuo que permitan identificar patrones inusuales de operaciones y transacciones que puedan representar riesgos en materia de corrupción y lavado de dinero.
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El coordinador de los diputados priistas Rubén Moreira nos comenta que estan en contra de la ley de seguridad, básicamente por cuatro cosas.
La primera, porque se quieren quedar con todos los registros de este país y lo están haciendo de manera engañosa. No vamos a ser un directorio telefónico del país.
Y aclara que el secretario de seguridad puede obtener los registros telefónicos, que esto es dónde estás, dónde te encuentras, cuánto tiempo hablas, con quién hablas, a dónde hablas, del tío y todo el que está en tu círculo. Aparte de la información biométrica de toda tu familia, pero aparte sin juez y aparte, para acumularlo todo.
Ese es un país policial, que nos preocupa además este fortalecimiento que se quiere hacer, entrecomillado fortalecimiento de la CURP, porque es el primer paso para eliminar la credencial del INE.
¿Por qué? Lo hacen para que vamos a tener todos una cédula de identidad y un día van a decir, pues acá ya estamos en dos.
Y se van a quedar con una sola y un día nos van a pedir, para andar en la calle tienes que tener tu cédula de la identidad. Eso es lo que están votando, es lo que quieren votar. Buscan atebtar contra el líbre tránsito, contra la democracia-
La transición energética es uno de los retos más urgentes que enfrentamos en la actualidad, porque no sólo se trata de un cambio tecnológico, sino también implica un cambio político, social y económico, que debe ser guiado por el bien común y no por el interés de unos cuantos.
Continuamos dependiendo de fuentes de energía que han impulsado nuestro desarrollo, pero que también han generado desigualdades, conflictos y un impacto ambiental devastador.
Al mismo tiempo se nos presentan alternativas tecnológicas que prometen un futuro sostenible, pero que no están exentas de dilemas económicos, geopolíticos y sociales.
Durante la presentación del libro “El multicolor de la Energía. Desafíos y oportunidades para la transición energética”, de Aleida Azamar Alonso, llamó a que este trabajo de investigación no se quede en la teoría, sino que interpele y nos desafíe para ver más allá de los discursos oficiales y promesas de sustentabilidad que, en muchas ocasiones, ocultan dinámicas de explotación y desigualdad.
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Con una postura firme y clara, la senadora Paloma Sánchez Ramos, del PRI y originaria de Sinaloa, elevó una exigencia al Estado mexicano: detener de inmediato el ingreso ilegal de camarón ecuatoriano que está devastando al sector pesquero nacional y, particularmente, a su estado. En su proposición con punto de acuerdo, aprobada por el pleno del Senado de la República, Sánchez denuncia un fenómeno que combina crimen organizado, colapso económico y riesgos sanitarios.
El documento, presentado el 4 de marzo de 2025, parte de una preocupación concreta y documentada: el contrabando de camarón ecuatoriano, que se estima en 20 mil toneladas anuales, ha desplazado al producto sinaloense en un 80%. Esto no solo ha dañado los precios, también ha puesto en riesgo más de 900 granjas acuícolas y 20 mil empleos directos. “Este contrabando está acabando con nuestra producción y dejando sin sustento a miles de familias”, advirtió la senadora.
Paloma Sánchez no llega al Senado con una preocupación abstracta: representa a Sinaloa, líder nacional en producción camaronera, con más de 115 mil toneladas generadas en 2023, equivalentes al 45% del valor nacional. Pero ese logro está en riesgo por una práctica ilegal que afecta a productores en todo el país. “Este no es solo un problema comercial, es también un problema de seguridad nacional”, señala, al advertir que el tráfico de camarón está vinculado con redes de delincuencia organizada, lavado de dinero y violencia en regiones fronterizas.
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