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El Congreso de la Unión trabaja a marchas forzadas en un periodo extraordinario de sesiones que concluirá el próximo 2 de julio, plazo en el que la bancada de Morena buscará aprobar al vapor más de 20 iniciativas de reforma que impactarán, para bien o para mal, al poder judicial, medio ambiente, salud, gasto social y seguridad pública.

En el ámbito económico dos reformas de gran relevancia se discuten: los cambios a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), ambas propuestas extinguirán, finalmente, a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que aún preside Andrea Marván, y al Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT), de Javier Juárez Mojica.

Los dos organismos que antes fueron constitucionalmente autónomos darán paso, respectivamente, a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) que estará subordinada a la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard y, esperemos, a la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones (CRT), con mayor autonomía que la primera, aunque dependiente del Ejecutivo Federal.

Esta última fue una propuesta reciente de la Comisión de Estudios Legislativos, del senador morenista pero también jurista, Enrique Inzunza Cázarez, quien dio para atrás a la muy mala idea de transferir la regulación de las telecomunicaciones a la Agencia de Transformación Digital Telecomunicaciones, encabezada por José Merino, de quien se avizoraba falta de rigor técnico y discrecionalidad.

Esta última fue una buena jugada, porque la intervención de Inzunza demuestra la relevancia del planteamiento y análisis técnico, porque una cosa es explicar las políticas públicas en términos llanos para que todos los ciudadanos lo entienda y otra, muy distinta, es hacer las cosas en términos llanos para que cualquiera las haga.

La CRT tendrá en sus manos regular objetiva y en cancha pareja a las telecomunicaciones, el tren por donde viaja la nueva revolución industrial, la tecnológica-digital. De ahí que la reforma a la LFT defina el concepto de plataformas digitales, lo que no convence a las mujeres y hombres de negocios pues temen que ahora sea el regulador de las telecomunicaciones quien ponga reglas de operación a sectores que si bien las usan como vía para ejecutar sus actividades estas nada tienen que ver con el espectro.

Las y los legisladores deben ser rigurosos e ir con pies de plomo, pues podría repetirse el famoso y casi fracasado asunto de la Cofece contra Amazon y Mercado Libre, que con tal de encontrar un caso emblemático que le diera posicionamiento internacional se empecinaron en encontrar “problemas de competencia” donde no los hay, tratando de regular actividades que el mercado por sí solo ordena, como la oferta de proveedores de logística y los programas de lealtad, tratando de imponer medidas que podrían ir en contra de la eficiencia y los consecuentes beneficios para los usuarios que tanto defienden.

Las reglas de la competencia económica son las mismas aquí y en China, textual, las variantes locales las impone la visión de política pública que cada Estado define.

El caso es que ante una caída de la economía México debe ser el impulso a las inversiones, por ejemplo, Amazon y Mercado Libre anunciaron este año en distintas mañaneras de Claudia Sheinbaum inversiones por más de 5 mil millones y 3 mil 400 millones de pesos, respectivamente.

Y en ese tenor las recientes medidas como las que pretende imponer la Cofece, para su regocijo y fama, poco ayudan a dar certidumbre en un ambiente de mucha desconfianza de los inversionistas ante el aterrizaje de la reforma al poder judicial.

La ruta del dinero

Nada que la Comisión Bancaria y de Valores (CNBV) que lleva Jesús de la Fuente en cuestión de horas decidió decretar la intervención temporal de CI Banco de Mario Maciel e Intercam que de Mario Eduardo García Lecuona Mayeur luego que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos les aplicara sanciones por supuesto lavado de dinero y colaboración con los cárteles de la droga. La medida no sorprende al mercado porque se trata de dos entidades que ya no podrán realizar transferencias en dólares y otras monedas, siendo su principal clientela importadores y exportadores.

El caso es las autoridades buscan evitar una corrida bancaria porque el Tesoro de Estados Unidos dio tres semanas para que esas entidades mexicanas dejen de tener interacción con bancos extranjeros por lo que se busca evitar una corrida bancaria que podría contagiar a otros bancos.

La medida se da cuando la presidenta ha salido en defensa de esos bancos y por supuesto de Casa de Bolsa Vector de Alfonso Romo Garza ante la falta de pruebas. Empero, al otro lado del río Bravo no existe ninguna duda de la participación de los intermediarios mexicanos en beneficio de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación e incluso en el caso de Vector se vincula a los sobornos pagados a Genaro García Luna, el mismo que se ha encargado de llevar a la picota mediática la 4T… La secretaria de Economía presentó ayer los primeros 15 Polos del Bienestar que habrán de llevar desarrollo a distintas regiones del país, y donde se incluyó al estado de Quintana Roo que tiene como gobernadora a Mara Lezama Espinosa con la inclusión de Chetumal. Hablamos de la capital de esa entidad del sureste que después de muchos años de indiferencia de las autoridades federales busca potenciar desarrollo con beneficios fiscales y obras como el Tren Maya que como sabe en la parte de carga conectará via terminales intermodales a Chetumal y Cancún para luego extender esa infraestructura logística con el Istmo de Tehuantepec.