La integrante de la comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, Alejandra Barrales Magdaleno, denunció que si bien el objetivo de simplificar y digitalizar trámites para mejorar la eficiencia del gobierno, para facilitar la apertura de negocios y combatir la corrupción es, en principio, un propósito loable e incluso urgente. No obstante, con dicho pretexto la minuta en discusión contiene disposiciones que claramente anulan el federalismo, atropellan al municipio libre y posibilitan la recolección, almacenamiento y procesamiento de los datos personales de los mexicanos.
La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, señaló que como ocurrió en la Ley de Telecomunicaciones y en la reciente Ley para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esta propuesta legislativa repite un patrón: se presentan reformas aparentemente beneficiosas, pero se introducen, al mismo tiempo, disposiciones que centralizan las decisiones en el gobierno federal y constituyen una amenaza para la privacidad y el control de la información de los ciudadanos.
Calificó como grave la concentración de poder que se otorga a la Agencia de Transformación Digital que, según el artículo 8, se erige como autoridad nacional en materia de simplificación y digitalización, con amplias facultades para implementar, supervisar y vigilar esta ley en todo el país.
Nos preocupa que al amparo de lo que aquí se está definiendo como simplificación administrativa, lo que se está haciendo sea de nueva cuenta la concentración de poder en una sola agencia, en este caso, la Agencia de Transformación Digital.