Al igual que los políticos de Morena, el actual gobernador de Jalisco, Pablo Lemus le echa la culpa a la anterior administración, por no haber investigado el exterminio que llevó a la muerte a más de 200 personas en un rancho ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Guadalajara.
Solo que el anterior gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también pertenece al Movimiento Ciudadano. Por cierto, este político mando con algunos meses de anticipación a su familia a España pues iba a entregar el poder a Lemus.
La mayoría de los descubrimientos de fosas y crematorios clandestinos han sido realizados por las organizaciones de madres y padres buscadores, como fue el caso de Teuchitlán y el rancho Izaguirre, que había sido cateado anteriormente por policías estatales y federales.
Estas organizaciones civiles han pagado, con vidas, sus esfuerzos por descubrir la verdad, por conocer qué pasó con sus familiares, por buscar cerrar un doloroso capítulo de su existencia.
El descubrimiento de ese centro llamado correctamente “de exterminio’’, es qjuizá sólo uno de los muchos que habrá en el país, sobre todo en los territorios donde gobierna el crimen organizado. Es un verdasdero campe de exterminio del tipo del que tenían los Nazis en la segunda Guerra Mundial.
Quizá una buena pista para que las autoridades comiencen a investigar en serio sea el número de desapariciones por entidad federativa, por municipio y después por colonia o ranchería.
Desde el 2017 existe una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que depende de la Secretaría de Gobernación. Pero en el fondo todo sabe que no da resultados, con ineficientes.
Esta Comisión a su vez creó un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas encargado del Registro Nacional de personas desaparecidas.
Con el descubrimiento del campo de exterminio en Techuitlán, Jalisco, vino el silencio total, ¿acaso cómplice?, por parte de la cúpula de dicho instituto político porque este horrendo hecho del que no puede ser cierto, como lo declaró el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, que el gobierno del estado no estuviera enterado y fueran las madres buscadoras, ahora en su segundo piso, ha intentado invisibilizar, pero ellas han dado muestras de ser más capaces y valientes que autoridades como la Comisión Nacional de Desaparecidos, las que hallaran este infierno de zapatos y desaparecidos.
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Alejandro Moreno, ratificó que denunciará, no solo en México, sino en Estados Unidos y a nivel internacional a los políticos de Morena vinculados al crimen organizado, para que verdaderamente sean castigados.
Y dijo que los “narcopolíticos” de Morena han estado vinculados con quienes lastiman a los ciudadanos con el cobro de piso y la extorsión, y que han llevado a México a vivir una violencia desbordada, que se refleja en el hallazgo de un “crematorio clandestino” en Jalisco y uno más en Tamaulipas.
El dirigente del tricolor señaló que sus posicionamientos denunciando el crecimiento de la inseguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el fracaso de su política de “abrazos, no balazos”, han sido ocultados por los medios tradicionales y, al mismo tiempo, se han enderezado amenazas como el intento de juicio político en su contra, en busca de acallarlo. Pero, dijo, “seguiremos alzando la voz”.
Por ello, anticipó que continuará denunciando a los políticos de Morena que, según cuatro comunicados de la Casa Blanca, forman parte de un gobierno vinculado con el crimen organizado.
Y explicó, para “que se los lleven a Estados Unidos, que los manden para allá, para que los castiguen, porque, tristemente, tuvo que venir un gobierno extranjero a apretar al gobierno de México, a doblarlo, a hincarlo, para que hiciera la tarea en los temas de seguridad, migración y resolver los temas comerciales”.
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Las reformas al vapor siguen siendo una constante del partido mayoritario y solo hacen que se siga legislando con errores, lagunas y perjudicando a millones de mexicanas y mexicanos; aseguró el diputado federal del PRI, Mario Calzada Mercado.
Como ejemplo, dijo, están las leyes secundarias en materia energética, que representan un retraso para el sector, afectan la competitividad, limitan la inversión y ponen en riesgo el bienestar económico de millones de mexicanos.