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Los coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano (MC), Partido Encuentro Social (PES), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señalaron que “ante la falta de condiciones de seguridad en la Cámara de Diputados y de

mínimas garantías para el ejercicio de las labores legislativas en estos días, el Gobierno de la Ciudad de México está obligado a garantizar tanto el derecho de manifestación como el de libre tránsito y acceso a lugares de trabajo de los ciudadanos”.

A través de un posicionamiento conjunto, los diputados Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (MC), Jorge Arturo Argüelles Victorero (PES), Juan Carlos Romero Hicks (PAN), René Juárez Cisneros (PRI), Arturo Escobar y Vega (PVEM) y Verónica Juárez Piña (PRD) exigieron a la jefa de gobierno, Claudia Sheimbaum, asuma su responsabilidad constitucional. “Es necesario aclarar que no estamos solicitando el uso de la fuerza pública para reprimir a manifestación alguna”.

Indicaron que “en el marco de la discusión de la reforma constitucional en materia educativa y las leyes secundarias de ésta, la Cámara de Diputados, en un ejercicio responsable y republicano, estableció los mecanismos para que, a través del Parlamento Abierto, se pudieran escuchar las voces ciudadanas y de todos los actores en el debate sobre los contenidos educativos”.

A pesar de lo anterior –continuaron–, hace dos días “grupos relacionados con facciones sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabadores de la Educación (CNTE) y del Comité Nacional de Asesores Técnico Pedagógicos se instalaron en los accesos del recinto con la finalidad de bloquearlos y no permitir el ingreso ni salida de las y los diputados, así como los trabajadores parlamentarios”, y este jueves 12 “nuevamente el grupo de manifestantes de facciones sindicales de la CNTE” bloqueó los ingresos y el acceso de legisladores y personal “a desempeñar sus labores”.

Precisaron que “si bien la Cámara de Diputados reconoce el legítimo derecho de las y los manifestantes a expresar su inconformidad, éstos no tienen derecho a violentar los derechos de libre tránsito y de trabajo de miles de trabajadores, empleados y legisladores, niños y niñas del CENDI, ni a paralizar las funciones de un Poder de la Unión”.

Los coordinadores parlamentarios enfatizaron: “Rechazamos cualquier tipo de criminalización de las protestas públicas pacíficas, pero no podemos aceptar ni permitir que el ejercicio del derecho de libre manifestación pase por violentar los derechos constitucionales que otros miles de ciudadanos también tienen”.

En este sentido, señalaron que el artículo 122, apartado B de la Constitución Política establece que “el gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los Poderes federales”.

“Nadie puede, amparado en la defensa de sus intereses personales o de grupo, impedir que los Poderes de la República funcionen libremente y cumplan su función constitucional. La Cámara de Diputados, expresión de la pluralidad democrática y diversidad del país, debe funcionar con la más amplia libertad y en condiciones de seguridad”, agregaron.

Asimismo, con base en los artículos 11 y 61 constitucionales, “la Cámara de Diputados plantea que, por igual, es necesario proteger el derecho al libre tránsito y la inviolabilidad del recinto legislativo de San Lázaro. El gobierno de la Ciudad de México debe resguardar una calle o avenida para permitir y garantizar el acceso y salida de trabajadores, empleados y legisladores (y niñas y niños del CENDI), sin que eso implique reprimir a nadie.

“Ningún poder público debe actuar bajo la presión, el insulto o el chantaje de facciones sindicales. Las y los legisladores debemos privilegiar el interés de la nación y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes de México, tal y como lo establece el artículo 3 constitucional”, concluyeron.

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