La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, afirmó que es deber de las autoridades procurar que los recursos que los trabajadores en el exterior envían al país lleguen completos, es decir, sin la ‘mordida’ que suelen significar las altas comisiones y la fijación arbitraria del tipo de cambio que aplican las empresas especializadas en el envío de dinero.
Además, dijo que deben brindar al público información clara, precisa y transparente sobre el costo del servicio y el tipo de cambio, de manera que el usuario tenga claro cuánto recibirá su familiar.
A pesar de que ha declinado el flujo de migrantes mexicanos, abundó la legisladora federal, las remesas se han mantenido al alza y desde hace mucho tiempo, son un gran negocio para empresas del ramo, buena parte de ellas de origen estadounidense.
Señaló que así, la economía del vecino país del norte se ve favorecida de varias maneras: con el trabajo de los migrantes, con los envíos a cargo de empresas de aquel país que fijan comisiones y tipo de cambio a su modo, y con la adquisición de bienes y servicios producidos del otro lado de la frontera.
Padierna Luna sostuvo que una decena de multinacionales y sus contrapartes en México participan del negocio de la transferencia de recursos. Expuso que a fines de los noventa, el despacho de abogados Kumetz & Glick presentó una demanda contra las excesivas comisiones y el tipo de cambio ofrecido por las empresas de transferencias.
Los costos bajaron, pero hasta la fecha hay una gran diferencia entre los montos que cobran diversas empresas y el tipo de cambio que determinan para el envío. Más de 10 por ciento del envío puede quedar de ese modo en manos de las empresas del ramo.
Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que entre las empresas que cobran comisiones más altas se encuentran, en primer lugar, Western Union, seguida de Inbursa, Xoom, Banco Azteca, Money Gram y BBVA.
Recordó que los inmigrantes mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos enviaron el año pasado más de 35 mil 500 millones de dólares a sus familiares que se quedaron en México.