La Comisión Permanente recibió la iniciativa que envió a la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para abatir el rezago, la corrupción, los privilegios excesivos y la poca supervisión en el actual sistema de justicia, así como garantizar la seguridad de las personas juzgadoras.
Se trata de reformas a disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Estos cambios buscan, entre otros puntos, establecer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, que el Órgano de Administración Judicial podrá solicitar a efecto de dar certeza a las partes procesales.
Plantea que los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, adscritos a otras Unidades Administrativas diferentes a la Unidad Especializada que investiga la delincuencia organizada, puedan investigar y perseguir los delitos en dicha materia con el consentimiento de ésta.
Además, adecúa definiciones de las nuevas instituciones que regulan la actividad administrativa de las personas juzgadoras, así como los esquemas disciplinarios, a través del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, respectivamente, en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal y de las judicaturas de las entidades federativas.
También se establecen los plazos procesales para garantizar una justicia más pronta; enfatizar las características de los elementos probatorios; la introducción de las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras; conductas susceptibles de prisión preventiva oficiosa; notificaciones electrónicas; supuestos de flagrancia; diligencias con control judicial ex post; el respeto a los derechos humanos de las comunidades indígenas y afromexicanas; y el uso de lenguaje incluyente.
La Comisión Permanente también recibió la iniciativa que busca reformar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de que el juicio sumario se resuelva en un plazo máximo de seis meses previsto para los juicios administrativos en materia tributaria.
Además, propone establecer plazos máximos de actuación para las Magistradas y Magistrados instructores del juicio contencioso administrativo federal, así como plazos máximos para la presentación de promociones de las partes.
Ambas iniciativas fueron giradas de manera directa, desde el pasado 23 de junio, a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos.