Carlos Alejandro Durán Loera, Notario Público número 11 de la Ciudad de México, dijo que 80 por ciento de la población mexicana no tiene testamento, lo cual implicará una carga de problemas legales que llegarán en el futuro a los juzgados, sobre todo en materia de vivienda, implicando gastos en juicios que deberán sufragar los involucrados.
El también ex presidente de la Comisión de Vivienda del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, explicó que esta situación es un elemento que lleva a muchas veces no alcanzar la certeza jurídica en una propiedad, lo cual a su vez dificultará el proceso de escrituración, documento que servirá para conseguir la certeza en la pertenencia de una propiedad a fin de generar un bien común y un bien social.
Añadió que otro gran problema en materia de tenencia de la tierra es la indefinición de las herencias, por lo cual –recordó– él junto con otros notarios fueron hace 25 años los diseñadores y creadores de las Jornadas Notariales, esquema que en la actualidad acerca los servicios a la población, mucha de esta de muy bajos recursos económicos, ofreciéndoles hasta 80 por ciento en descuentos en trámites para regularizar.
Representantes de organizaciones sociales de solicitantes de vivienda y especialistas en derechos humanos coincidieron en señalar la urgencia de desarrollar una política adecuada en materia de vivienda en la Ciudad de México, que permita garantizar el derecho humano de la población en este rubro, establecido en la Constitución local.
En el marco de la mesa de trabajo “Bolsa de suelo y vivienda como un derecho humano”,realizada dentro del foro Políticas de vivienda en la Ciudad de México, organizado por el Congreso capitalino, Juan José García Ochoa, director de Promoción Territorial para el Ejercicio de los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), aseguró que una de las necesidades de la capital es contar con una política actualizada y adecuada en materia de vivienda.
“No puede tratarse igual a una organización social que a un desarrollador privado, tiene que haber una política de subsidios, una política diferenciada en beneficio de los grupos vulnerables”, propuso García Ochoa.
Aseguró que la Constitución de la Ciudad de México “es progresista y estableció estándares muy altos en materia del derecho a la vivienda”, por lo que ahora hay que generar leyes y políticas que permitan consolidarlos.
El funcionario de la CDHDF se refirió al fenómeno social de la expulsión de los habitantes de la capital a la periferia, cuyas demandas de vivienda se suman a las de las personas que llegan de otras entidades a intentar asentarse en esta ciudad.
Indicó que una vivienda adecuada es aquella que garantiza los derechos humanos de las personas que la ocupan y permite su desarrollo integral, con disponibilidad de servicios, infraestructura adecuada, accesibilidad financiera -acorde a los ingresos y posibilidades de la población-, segura y sin riesgos en materia de protección civil, y situada en un lugar con acceso a medios de transporte y movilidad a los centros de educación y empleo.
Recordó que fue la propia CDHDF propuso la prohibición del desalojo forzoso, para contribuir a garantizar el derecho humano a la vivienda, e informó que cada año se registraban alrededor de tres mil desalojos en la Ciudad de México.
Por su parte, René Salas Morales, secretario general de la Barra Interamericana de Abogados, se refirió a la extinción de dominio, como una figura jurídica y herramienta que permite a los gobiernos recuperar predios en los que se cometieron actos delictivos y aprovecharlos en beneficio de la comunidad.
Salas Morales consideró que en ocasiones se puede dar la extinción de dominio en inmuebles que sus propietarios rentan de buena fe y que quienes realizan los delitos son quienes los rentan, por lo que propuso legislar en esta materia.
Reconoció la lucha social de muchos años de las organizaciones sociales de solicitantes de vivienda, que han permitido la apertura de espacios de análisis como este foro, convocado por el Congreso de la Ciudad de México.