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Con la finalidad de garantizar que los financiamientos otorgados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) beneficien a las familias más desprotegidas, el consejo directivo de esta institución modificó algunas normas de operación y reforzó el marco jurídico, enfocadas a  restringir la actuación de terceras personas, principalmente de  gestores que se aprovechaban de la necesidad de la población.

Entre los cambios más relevantes que tendrán las reglas de operación destacan que los financiamientos se otorgarán únicamente a las personas registradas en la bolsa de vivienda, quienes deberán comprobar su situación vulnerable o que formen parte de algún programa social; se validará la condición socio económica de los solicitantes y no podrán hacerse sustituciones salvo en casos que por derecho adquiera la población original y el registro de los grupos sociales beneficiados se difundirá en la página de internet del INVI, bajo los  términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley de Protección de Datos Personales.

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