Foto Francico Geminiano
La Comisión Nacional de Derechos Humanos debe garantizar que la posible reforma al sistema de justicia penal no implique un retroceso legal y permita el ejercicio abusivo del poder y de cualquier autoridad sobre los individuos, por eso, la invitación del Grupo Parlamentario del PRI, a Rosario Piedra Ibarra, para que trabaje en unidad con el Poder Legislativo en el proyecto anunciado por la Administración en turno.
El diputado federal, Enrique Ochoa Reza, al fijar la posición de los legisladores priistas, durante el Informe de Labores 2019 que rindió la titular de la CNDH, advirtió que los derechos humanos no son trofeo, ni bandera de ningún Gobierno y bajo el principio de progresividad, los derechos humanos pueden ser ampliados, pero nunca revertidos y tampoco ser removidos de la Constitución Política, porque eso es un retroceso.
Frente a este riesgo latente, señaló que corresponde a la ombusperson, Rosario Piedra, velar por el respeto y observancia de los derechos de los mexicanos, sobre todo de los más íntimos de una persona que son la vida, la libertad y la propiedad.
Ochoa Reza dijo que en el PRI se trabaja para que a México le vaya bien, porque al “gobernar 12 entidades federativas, con 43 millones de habitantes, no puede dejar de señalar cómo se pueden hacer las cosas mejor”.
Agregó, “nosotros deseamos que usted tenga éxito al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y alcance los altos objetivos que nos ha presentado en su informe, pero le proponemos trabajar juntos para que la defensa de los Derechos Humanos pueda sobrepasar importantes retos y algunos nubarrones que vemos en el horizonte”.
Se refirió a los cambios legislativos recientes en la Ley de Extinción de Dominio, cuestionados ante la Suprema Corte de justicia de la Nación, por su posible inconstitucionalidad, acción que inició la CNDH al considerar que afectan a ciudadanos inocentes en su patrimonio, incluso antes de ser escuchados por un juez o a pesar de ser declarados inocentes del delito que se les acusa.
Recordó que el PRI denunció la amenaza al Derecho Humano de la propiedad privada, frente a los excesos de la Ley de Extinción de Dominio, que pueden afectar a ciudadanos inocentes en su patrimonio, incluso antes de ser escuchados por un juez o a pesar de ser declarados inocentes del delito que se les acusa, porque un acto de autoridad puede congelar el patrimonio bancario de un ciudadano, sin la supervisión previa de un juez, sin juicio de por medio o sin que el acto esté debidamente fundado y motivado, como lo establece el artículo 16 de nuestra Constitución, sobre los actos de autoridad que afectan el patrimonio de las personas.
“Ahora que la minuta está en el Senado de la República, y usted es presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podrá interponer una acción de inconstitucionalidad, si usted considera que el Legislativo en la última versión aprobada, afecta o viola los Derechos Humanos”.
El diputado federal por el estado de Michoacán, también apuntó que existe una amenaza al derecho del debido proceso legal y a la presunción de inocencia, frente al establecimiento de la prisión preventiva oficiosa, que ha sido cuestionada por múltiples organismos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos.
La solución propuesta es cambiar en la Constitución la prisión preventiva oficiosa, para poner en su lugar la prisión preventiva justificada, para que sean los jueces quienes determinen su aplicación, al valorar las pruebas del caso respetando la presunción de inocencia.
El legislador concluyó que la CNDH ha demostrado ser una institución esencial para la evolución de nuestra democracia y en este momento en que se quieren profundizar las reformas del sistema de justicia, el camino es cuidar que dicho sistema penal no sea inquisitorio y que se procure un Poder Judicial imparcial, autónomo y con presupuesto suficiente para llevar a cabo sus funciones.