La decisión de la Corte de iniciar un proceso de revisión a la pasada reforma constitucional aprobada por el Poder Reformador de la Constitución, es un grave abuso que altera el diseño constitucional de distribución de competencias, la división de poderes, el principio de soberanía popular de la cual deriva la existencia de los poderes y la obligación de todos los poderes públicos de someterse a los mandatos de la Constitución, así lo manifesto el diputado federal Juan Hugo de la Rosa García.
El legislador morenista precisó que la grave decisión adoptada por la Corte, es una más de esos intentos por romper el pacto constitucional y el diseño de distribución de consecuencias, ya que a diferencia del Poder Constituyente Originario y de su representante, el Poder Reformador de la Constitución, la Corte se encuentra limitada por mandatos formales y sustanciales, por lo que tiene el deber de respetar el principio general de derecho que establece que, para el poder, lo que no le está permitido le está prohibido.
Aseguró que lo que fue aprobado recientemente por el Congreso de la Unión, fue con la finalidad de combatir la corrupción, la impunidad, el abuso, los privilegios y la captura que padece hoy el Poder Judicial de la Federación.
Sostuvo que la Corte, capturada en su mayoría por los partidos del viejo régimen, se está convirtiendo en un espacio antidemocrático que manipula el derecho y que pretende que la Constitución sea lo que digan ocho ministras y ministros corruptos, llenos de privilegios y con criterios altamente politizados.
De la Rosa García refirió que desde que el pueblo de México, de manera pacífica y siguiendo los procedimientos constitucionalmente establecidos, decidió desalojar del poder público a los representantes del viejo régimen, un sector de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó a tomar decisiones contrarias a la Constitución y que pretenden anular las decisiones adoptadas por los legítimos representantes de la sociedad.
Puntualizó que cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se reforma la Constitución, el contenido de ese decreto es norma constitucional vigente, norma suprema en la Unión, inatacable y que obliga a todos los servidores públicos a respetarlas, cumplirlas y hacerlas cumplir, además de que la Constitución no establece ningún procedimiento jurídico a disposición de la Corte para revisar la obra del Poder Reformador de la Constitución, que, si bien es un Poder Constituido, sólo se encuentra limitado por los procedimientos formales para adoptar sus actos y no por el contenido material de sus decisiones.
Adicionalmente, señaló, los jueces y magistrados, organizados en una asociación civil, no son una autoridad legitimada ni siquiera para iniciar un proceso de control de constitucionalidad de las leyes, mucho menos de la constitución, esa asociación es una persona moral privada que comienza a tomar decisiones claramente contrarias al sistema republicano y democrático.
Por último el diputado federal Juan Hugo de la Rosa García indicó que Norma Lucia Piña, Juan Luis González Alcántara son la cabeza visible de un intento por alterar el orden constitucional que debe ser denunciado y detenido porque nadie, nadie, ni siquiera estos jueces, pueden estar por encima de la Constitución, de lo contrario muy seguramente el pueblo se movilizará a defender sus derechos.