“Hasta en tanto su titular continúe en el cargo, todos sus actos son inconstitucionales: ni fue votada como lo dispone la Constitución, ni reunía los requisitos de ley al haber mentido durante el proceso y el día de su designación sobre su cargo partidista en Morena”, afirmaron senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional
Presentaron una demanda de amparo ante un juez de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, en contra de los vicios constitucionales que se presentaron en la designación de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Particularmente, indicaron, en contra de la omisión de la Mesa Directiva y de la mayoría de los senadores que impidieron el derecho de acceso a la justicia, ya obstruyeron la posibilidad de presentar las pruebas necesarias para demostrar que la votación requerida por la Constitución, así como los requisitos que ésta establece para elegir a dicha titular, nunca fueron cumplidos.
En el documento, se plantea que dicha acción es “en contra de las acciones y omisiones por parte de la Mesa Directiva, de su Presidenta, así como de la mayoría de los integrantes del Pleno del Senado de la República, por vulnerar nuestro derecho humano y convencional al acceso a la justicia, al no implementar un procedimiento idóneo para admitir la acción planteada, a fin de que se nos permitiera desahogar pruebas bajo los principios de contradicción, concentración e inmediatez, formular alegatos y resolver el fondo de la cuestión planteada, sobre los vicios producidos en el procedimiento de elección de la titular de la Comisión Nacional de Derechos (CNDH) para el periodo 2019-2024”.
“Acudimos en amparo, buscando la protección de la justicia federal, porque dicha restricción suprimió el derecho de todas y todos los senadores de elegir una nueva candidatura para este cargo constitucional”, señalaron.
El Grupo Parlamentario del PAN consideró que esta restricción constitucional vulnera el derecho de todas y todos los ciudadanos de la República, no solo su derecho humano a participar políticamente en los asuntos públicos del Estado, por medio de sus representantes, como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, sino, peor aún, vulnera el derecho de todos los mexicanos a la seguridad jurídica y a la garantía de sus derechos humanos por medio de una CNDH constitucional.