La pobreza no se combate regalando dinero y mucho menos desmantelando programas sociales que probaron su eficacia afirmaron legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, durante la comparecencia de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González.
Durante su comparecencia, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno, exigieron que la política social se aplique con reglas de operación y mecanismos de evaluación.
México tiene en la agenda 20/30 el compromiso de eliminar en 10 años la pobreza extrema, y en ese objetivo, advirtió la diputada Anilú Ingram Vallines, solo hay una disyuntiva, invertir en áreas prioritarias y otorgar apoyos integrales en los rubros de salud, alimentación, educación, vivienda y servicios básicos.
En nombre del GPPRI, afirmó: “en 10 años, tres millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema, pero la mayoría legislativa seguramente no lo dimensiona, pero debe saber que se hizo con base al diseño de políticas públicas integrales, y sobre todo constancia; solo se puede impactar en el combate a la pobreza con persistencia y dardos de precisión”.
Para el PRI, es acertado ampliar la cobertura de apoyos a los adultos mayores y personas con discapacidad, sin embargo, el resto de los programas sociales, no prometen éxito por la sensible razón de que se privilegia el ingreso, la dádiva y se sacrifica la inversión en educación o salud, primordialmente.
La solicitud a la funcionaria responsable de la política social es que focalice el presupuesto, de acuerdo con la región, usos y costumbres y que los programas operen con padrones públicos y reglas de operación claras, en el entendido de que esta dependencia es la que tiene mayor presupuesto, más de 150 mil millones de pesos este año y probablemente 173 mil en el 2020.
En este sentido de transparencia, la legisladora Laura Barrera Fortoul, pidió información respecto al apoyo que se da a la niñez en su primera infancia, luego de que se abrogó el Programa de Estancias Infantiles, mismo que operaba en más de mil 294 municipios y atendía a 193 mil madres de familia que recibían el apoyo.
Preguntó ¿cuál es la estrategia para el cuidado de nuestras niñas y niños mexicanos? ¿cuántas madres llevan a sus hijos a espacios de cuidado infantil y qué pasa con los 140 mil niños que salieron del padrón de beneficiarios, al decidir de manera arbitraria que 15 entidades federativas quedaban fuera de la entrega de mil 200 pesos bimestrales?
La también diputada, Martha Garay Cadena, cuestionó las cifras confusas, entre el presupuesto ejercido y los beneficiarios con alguna discapacidad en este país, ¿por qué las diferencias presupuestales y qué criterios determinaron la población objetivo? ¿Quién está ubicando a los beneficiarios? Porque se nos ha hecho saber que personas que recibían el apoyo ahora están fuera del padrón y viven con alguna discapacidad, expuso la Presidenta de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables.
En la solicitud de constituir un padrón objetivo y confiable de beneficiarios, la diputada Cynthia López Castro demandó a la titular de la Secretaría del Bienestar, una explicación lógica de por qué la dependencia ha levantado los llamados censos de beneficiarios, extralimitando sus funciones: “secretaria, les solicitamos que pueda poner en orden este padrón de todos los mexicanos, que por ley debe de construirse y debe ser público, conforme al artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social para asegurar la equidad y la eficacia de los programas de desarrollo social”.
La diputada explicó que la página oficial por internet no está habilitada, por tanto no hay información fidedigna del catálogo de zonas prioritarias y marginadas a los que se destinan los apoyos de programas sociales.
Eduardo Zarzosa Sánchez, por su parte, reclamó apoyo social a las comunidades indígenas, a los pueblos afromexicanos y recordó que no han dicho qué criterios utilizó el Gobierno en turno para desaparecer los comedores comunitarios, cuando este programa se debió evaluar, rediseñar, inyectar recursos, pero nunca desaparecer, porque significaba al menos una comida al día para miles de mexicanos.
El legislador mexiquense, dijo que como oposición responsable, el PRI tiene que denunciar a los funcionarios publicos que no cumplen con los objetivos de la cuarta transformación, como Indira Vizcaino Silva, “superdelegada” en Colima, que utiliza los programas sociales con fines electorales y con fotografía en mano, impresa en una manta, mostró a la servidora pública al frente de un mítin político.