El anuncio oficial de que la austeridad republicana generó “ahorros millonarios” no es suficiente, el PRI en la Cámara de Diputados exige conocer la cifra en pesos y centavos, dónde está o en qué se invirtió el dinero economizado.
Asimismo, a cuántos empleados de la Administración pública despidió, y cómo prueban que funcionan con normalidad los órganos del Estado, estableció la diputada María Alemán Muñoz Castillo, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, ante la secretaria de la Función Pública, durante su comparecencia.
En el marco de la glosa del Informe presidencial, la legisladora demandó transparencia y rendición de cuentas a la Administración pública federal en el combate a la corrupción; de manera puntual pidió evaluar el despido de trabajadores, para saber si el retiro se hizo con protección a sus derechos humanos y laborales.
“En el PRI estamos a favor de impulsar una gestión eficaz y eficiente de los recursos, pero no apoyaremos reducir el gasto dañando los servicios básicos que debe proporcionar el Estado, sobre todo, si estos se hacen sin el mínimo análisis de impacto y sin criterios racionales de administración”, consignó Muñoz Castillo.
El Gobierno federal anunció un ahorro en 2019 de 200 mil millones de pesos, aplicando medidas administrativas, consolidación de compras, cancelación de seguros de gastos médicos mayores y de separación, así como la optimización de los servicios de vigilancia y de los seguros patrimoniales que contratan las dependencias y entidades; de ahí, la petición al Ejecutivo federal para que aclare las acciones y mecanismos que siguió a fin de alcanzar la meta, pues solo así demostrará que las políticas de austeridad están funcionando.
La diputada Ximena Puente de la Mora, dio importancia a la elaboración de los formatos de declaraciones 3 de 3, por lo que preguntó qué estado guarda la rendición de cuentas en el ámbito público y cómo se va a proteger los datos personales.
También, interrogó cómo cumple la Función Pública el compromiso de Alianza de Gobierno Abierto, iniciativa a la que México esta adherido desde el 2011, con el objetivo de dar transparencia, rendir cuentas y mejorar la capacidad de respuesta hacia los ciudadanos.
Por su parte el legislador, Juan Francisco Espinoza Eguía hizo hincapié en el buen ejercicio de gobierno, que implica transparencia y rendición de cuentas, pero lamentablemente en esta Administración hay irregularidades en varios programas sociales, como las becas Benito Juárez y el Programa Sembrando Vida, que, al funcionar sin reglas de operación, obliga a la Secretaría de la Función Pública realizar auditorías, porque “la ineficiencia y omisión también son corrupción”, subrayó.
Ante el registro de denuncias por corrupción e irregularidades administrativas, la diputada María Ester Alonzo, preguntó por qué el incrementó de 38 por ciento respecto al año previo, ¿se trata de nuevos servidores públicos sancionados o de un incremento en las conductas sancionadas? Por lo que solicitó también información sobre el uso de la tecnología que facilita al ciudadano ejercer su derecho a denunciar, sin abusos o faltas al debido proceso.
Para concluir la comparecencia, la diputada Dulce María Sauri Riancho, recriminó el desdén y olvido de la secretaria de la Función Pública, porque en ninguna intervención mencionó al Sistema Nacional Anticorrupción, creado en el 2015, gracias a un esfuerzo ciudadano.
La instancia funciona como coordinadora de autoridades federales y locales y su objetivo es combatir la corrupción; la Secretaría de la cual es titular, señaló Sauri Riancho, es pieza fundamental para el funcionamiento de dicho sistema.
La diputada por el estado de Yucatán dijo: nos sumamos al trabajo con una nueva mística del servicio público, marcada por la confianza y la honestidad, pero nos interesa definan cuál es el destino del Sistema Nacional Anticorrupción y de antemano sentenció: “ninguna persona por más voluntad y honestidad que tenga puede por sí misma suplantar el funcionamiento de las instituciones”.
Para finalizar precisó que, en el PRI, hay interés por conocer los avances que tiene la actual Administración para la designación de las magistradas y magistrados que integrarán la tercera sección de la Sala Superior en materia de Responsabilidad Administrativa, así como de las salas regionales especializadas en la materia, una vez que los nombramientos anteriores no fueron ratificados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.