El Bloque de Contención en el Senado de la República, integrado por los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia dos Acciones de Inconstitucionalidad más: contra la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y contra la Ley de ISSSTE en materia de vivienda, mismas que fueron aprobadas en la última sesión del periodo por Morena y sus aliados en el llamado “viernes negro”, ante el desaseo legislativo y la ausencia total del discusión y análisis del proyecto.
La acción en contra de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, busca proteger a más de mil 700 investigadores de instituciones particulares, por la discriminación que enfrentarían para recibir apoyos para la innovación e investigación, y a decenas de miles de estudiantes de universidades privadas que hoy pueden realizan sus estudios gracias al apoyo CONACYT.
Asimismo, consideramos que es vital para el acceso a una educación de calidad, proteger la libertad de cátedra y de expresión para fomentar el pensamiento crítico de las y los estudiantes de educación superior; garantizar una adecuada coordinación entre las instancias públicas encargadas de la educación a nivel federal y estatal; y mantener a las fuerzas armadas en sus funciones constitucionales.
Para ello, solicitamos a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión de la aplicación de esta ley para evitar daños a la comunidad estudiantil, de investigadores y académicos.
Con esto ratificamos nuestro compromiso con los derechos humanos de las y los mexicanos, y a que el Poder Legislativo se niegue a ser una instancia de deliberación y respeto a las minorías representadas a través del voto ciudadano.
Finalmente, se dio a conocer que algunos Senadores integrantes del Bloque de Contención decidieron no acompañar la Acción de Inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Minera, por lo que se solicitó a los grupos parlamentarios de oposición de la Cámara de Diputados, que fueran ellos los que presentaran esta impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.