Foto Francisco Geminiano
El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que, de concretarse el paro de labores en el Poder Judicial, los jueces y magistrados que hayan convocado a esta protesta incurrirán en delitos graves contra la administración de justicia.
Además, enfatizó que con la reforma al Poder Judicial no habrá forma “de que se involucren intereses mafiosos” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni en la elección, por voto universal, de jueces, magistrados y ministros.
En entrevista, dijo que se establecerán medidas legislativas para blindar al sistema de justicia, con comités de especialización y vigilancia.
“Vamos a revisar muy bien toda la Constitución y las leyes reglamentarias para sacudir” la nefasta influencia del crimen organizado y de delincuentes de cuello blanco en la resolución de jueces.
Ricardo Monreal también asentó que la suspensión de labores al que han convocado en Poder Judicial violaría flagrantemente el artículo 17 de la Constitución, que establece que la justicia debe de ser pronta y expedita.
En entrevista, advirtió que obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia es un delito grave contra la administración de justicia.
Jueces, ministros y magistrados, agregó, tienen el derecho de expresar sus puntos de vista o hacer lo que crean conveniente para oponerse a la reforma al Poder Judicial, pero siempre y cuando no violen la Constitución ni la ley.
Monreal Ávila recordó que se han manifestado en los foros que se organizaron para analizar el proyecto, incluso, les han dado el día no laborable a trabajadores, jueces y magistrados, para que puedan manifestarse en contra de la reforma.
El legislador insistió que en la propuesta no hay una sola palabra, un solo párrafo que afecte los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, por lo que “es falso que se vaya a despedir gente”.
Lo que se plantea, enfatizó, es la elección universal de jueces, magistrados y ministros, la creación de un tribunal de disciplina judicial, la supresión del Consejo de la Judicatura, el establecimiento de plazos perentorios para resolver y otras materias.
Monreal Ávila señaló que la ministra Norma Piña Hernández, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “no debería presionar ni hacer caminar a los trabajadores a caminos sin retorno”.
Dijo que, a pesar de que Morena y sus aliados pueden tener mayoría calificada, abrirán el diálogo con todos, pero advirtió que a Piña Hernández le falta a diplomacia, pericia e inteligencia para poder llevar a cabo una relación de colaboración y coordinación entre los poderes.
“Ese ha sido uno de los puntos centrales del desencuentro que existe” entre el Poder Judicial con los poderes Legislativo y Ejecutivo, consideró.
Además, enfatizó que con la reforma no se pierde la autonomía, independencia o fortaleza del Poder Judicial y que éste es un argumento frágil y débil que no aceptamos.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena también reveló que, en la reunión con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos le manifestó la disposición plena de su país para colaborar con el gobierno mexicano en torno al caso de Ismael Zambada, así como el respeto de Estados Unidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la soberanía de nuestro país.
Añadió que, en ese encuentro, el funcionario estadounidense le reiteró su gratitud, reconocimiento e interés de estrechar la colaboración entre ambas naciones por ser socios comerciales, cuya frontera e historia los identifica.
“Lo vi en muy buena disposición de trabajo y también de contribuir al trabajo coordinado y de colaboración con la presidenta Claudia Sheinbaum”, añadió Monreal Ávila.
En este punto, detalló que Ken Salazar le comentó que en los círculos políticos de los Estados Unidos y financieros hay muy buena opinión e impresión adecuada, correcta y positiva de la virtual presidenta de la República.
Reiteró que el embajador de Estados Unidos en México sostuvo que no intervino ningún recurso del vecino país del norte para “sustraer” a “El Mayo”, además de que no estuvieron el piloto, el avión o elementos de agencias norteamericanas en el operativo que se realizó.
Asimismo, le expresó que ya había una delegación de la Fiscalía General de la República en los Estados Unidos colaborando y recabando información al respecto.