El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República presentó una iniciativa para incluir, en la Constitución, la obligación del Gobierno Federal para establecer estancias infantiles.
En la iniciativa, presentada por la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, se asegura que los que se busca es “reconocer la importancia de las estancias infantiles como un derecho social de la niñez y de sus padres; así como se considere como un programa prioritario para el desarrollo social y para proteger el interés superior de la niñez mexicana”.
Recuerda que el programa de estancias infantiles “fue eliminado por este gobierno, impactando de manera directa en el ámbito laboral, educativo, económico, desarrollo personal de la niñez y el de sus familias, así como en el derecho universal de las niñas y niños de ser cuidados de manera oportuna y adecuada para su desarrollo integral”.
Agrega que la desaparición del programa en 2019 afectó directamente a miles de familias, “principalmente a madres trabajadoras que dependían de este servicio para garantizar el cuidado y bienestar de sus hijos pequeños mientras cumplían con sus responsabilidades laborales”.
La iniciativa afirma que en la administración federal actual “se planteó eliminar el programa de Estancias Infantiles, bajo el argumento de supuestos actos de violencia contra las niñas y niños, padrones inflados, red de prestanombres y otros hechos de corrupción, pero fue durante la conferencia matutina del 7 de febrero del 2019,cuando el presidente anunció que los recursos destinados al programa “Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras» dejaría de entregarse a las estancias y para otorgar 1,600 pesos bimestrales directamente a las madres, padres y cuidadores de las infancias”.
Empero, de acuerdo con dos auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la falta de cumplimiento del programa se debía, en su mayoría, a la falta de regulación de la Sedesol que las vigilaba, por lo que recomendó mejorar los mecanismos de vigilancia y seguimiento.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que éste favorecía a las mujeres en situación de vulnerabilidad para unirse a la fuerza laboral.
“Con su eliminación afectaron a más de 9,000 estancias, así como en el primer trimestre de 2019, más de 53 mil madres trabajadoras y 300 mil niños fueron directamente afectados por la eliminación del programa;6 por su parte, el Coneval, señaló un incremento alarmante del uso de métodos violentos de disciplina en los hogares, tan solo el 58.9% de niñas y niños menores de cinco años experimentaron algún tipo de violencia psicológica o física por parte de miembros de su familia”, afirma.
La senadora priista asegura que “elevar a rango constitucional el acceso a estancias infantiles tanto de niñas, niños y sus padres, permitirá que el Estado mexicano invierta en las estancias infantiles, esto garantiza que las madres, padres y cuidadores tengan el tiempo, recursos y servicios necesarios para apoyar el desarrollo de sus hijos. Un dato relevante es que, según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social de 2017, se observó que, de los 14 millones de niñas y niños de 0 a6 años en México, un 13,7% recibió cuidado de sus abuelos mientras sus madres estaban ocupadas trabajando, un 7.2% fue cuidado por otras personas, un 3.1% en guarderías públicas, un 1% en guarderías privadas, y el 75% restante fue cuidado por sus madres, ya sea que trabajaran fuera del hogar o no”.
Esta propuesta de reforma constitucional, asegura la senadora, pretende garantizar el derecho a las estancias infantiles para madres y padres trabajadores, asegurando que el Estado proporcione servicios de cuidado infantil accesibles, de calidad y gratuitos para las familias que los necesiten; elevarlo a rango constitucional, asegura que ninguna administración pueda eliminarlo de manera arbitraria, garantizando así la continuidad de estos servicios fundamentales para el bienestar de las familias y el desarrollo económico del país.
“No solo se protege a nuestra niñez, sino también a las madres y padres trabajadores; por lo que la protección constitucional del derecho al cuidado infantil es una medida esencial para garantizar la justicia social, la igualdad de género y el desarrollo económico sostenible en México”, refiere.