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Por Lourdes Aguilar

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), consideró que para fortalecer nuestro sistema tributario, México requiere un marco normativo moderno que combata eficazmente la defraudación y la evasión fiscal, sin que paguen justos por pecadores.

Por lo cual, propuso que las reformas que serán discutidas próximamente en el Senado y que pretenden clasificar como crimen organizado la evasión fiscal, deben establecer claramente los candados que eviten estos delitos, pero sin incurrir en una legislación desorbitantemente punitiva que cree una mayor incertidumbre para el país.

“Es necesario construir una Ley cuya implementación no devenga en más problemas y una mayor incertidumbre”, afirmó el organismo al tiempo de exhortar a las autoridades a no equivocarse y aprobar una ley que también castigue a los empresarios que si cumplen con sus pagos fiscales.

Destacó que de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se calcula que alrededor de 350 mil millones de pesos es el monto anual de la evasión fiscal a través de facturas falsas. Este monto equivale a ocho veces el último presupuesto anual de la UNAM.

Por lo que para los empresarios, el cumplimiento de las obligaciones fiscales es fundamental para que nuestro país tenga los medios necesarios para crecer. Los impuestos son vitales para desarrollar proyectos de infraestructura, proveer seguridad y crear servicios públicos que permitan fomentar el capital humano.

“Reconocemos que el problema de la defraudación, evasión y elusión fiscal es una tarea difícil. El día de hoy, México tiene la peor recaudación fiscal entre los 36 países miembros de la OCDE, con 16.2 por ciento del PIB, mientras que países como Francia o Dinamarca tienen 46.2 y 46 por ciento, respectivamente”, afirmó el organismo.

Insistió en que para resolver este problema, en las próximas semanas, el Senado pretende discutir iniciativas que buscan tipificar la defraudación fiscal, así como la expedición y adquisición de facturas falsas, como delitos de delincuencia organizada.

Se busca combatir a las llamadas “empresas fantasmas”, que emiten comprobantes que permiten deducir operaciones simuladas, aumentando las penas en prisión a quienes expidan o compren facturas falsas.

En principio, combatir la defraudación, elusión y evasión fiscal es una política adecuada. Es prioritario que la autoridad establezca los candados para frenar a los defraudadores fiscales.

Sin embargo, no se puede llegar al extremo de colocar en la incertidumbre jurídica a las empresas y los contribuyentes honestos por medio de la aprobación de legislación extremadamente punitiva.



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